El sistema del voto preferencial sin efectivas regulaciones, tal como se ha venido aplicando en el país desdeel 2002, abre las puertas a la compra decandidaturas y voluntades, trasiego de votos a preferidos, predominio de fuertes grupos económicos, tráfico de influencias, penetración del narcotráfico, canibalismo alo interno de los partidos y afectación a laaplicación de las cuotas de género.
El dinero se convierte en el motor principal que equilibra odesequilibra la competencia política, dinero que no aportan las direcciones de lospartidos a los Diputados, solo al Senador, por lo que dichos candidatos a Diputados no tienen que agradecerle a sus organizaciones, sino a quienes le costearon económicamente lacampaña, lo que es un verdadero atentado al sistema de partidos políticos algenerar inequidad en la competencia interna, afectando lógicamente lademocracia.
Convirtiéndose así losDiputados clientelistas en Diputados degestiones de favores económicos no en hacedores de leyes y fiscalización afavor de las grandes mayorías del pueblo. Por eso el sistema preferencial sin efectiva regulaciones viene demostrando que no mejoran larepresentación.
La competencia, en vez de ser entre aspirantes de partidoscontrarios, se produce una guerra entrecompañeros, guerra de dinero y todo tipo de trampas, imponiéndose quienes másrecursos económicos tengan, sin ningunaregulación por parte de la JCE, como la gran contradicción de que los Diputadostengan que arrastrar al Senador, todo lo cual desvirtúa elsentido de participación justa y democrática.
La experiencia latinoamericana de las últimas décadas indicaque Brasil, Chile, panamá y Perú que tienen ciertas regulaciones desde hacetiempo, intentan dejar de aplicarlo y otros como Colombia, El Salvador y CostaRica han tenido que ampliar con más rigurosidad las regulaciones, para tratar de evitarque el candidato con más dinero, legal o ilegal tenga ventajas yvulnere la competencia democrática.
La encrucijada que tiene el país para que los partidos puedanvolver a participar en otros procesoselectorales presidenciales, dependerá de la aprobación de la Ley de PartidosPolíticos; Ley de Garantías Electorales y modificación de la Ley Electoral,penalizando el uso de los recursos públicos en las campañas políticas por parte del partido en el poder, incluso lacompra de partidos pequeños usando los recursos del Estado.
La única garantía de elecciones libres donde no puedan usar los recursos del Estadoquienes están en el poder, es la ley de Partidos Políticos y su aplicación paraque el certamen electoral pueda llamarse democrático y no una farsa electoral.
Si el imperativo es aprobar la Ley de Partidos Políticos, también debe regularse y penalizar lasdistorsiones que viene presentando el sistema del Voto Preferencial no reguladoen el control de los gastos y procedencia, publicidad radial y televisiva, afiches,vallas, etc, donde la JCE no ha cumplido con el propósito que sehabía trazado para que la sociedad elija por meritos acumulados a susrepresentantes ante el congreso.
La idea fundamental debe ser que cualquier dominicano tengala misma posibilidad de ser electo a un puesto público, sin que el poder deldinero o la influencia de un organismo estén de por medio o impidan la debidaelección democrática de una persona.
La aprobación desesperadacomo Ley del Voto Preferencial por parte de los Diputados sin las debidas regulaciones a las distorsiones y profundascontroversias presentadas bajo el voto preferencial, sería un matadero electoral, lo mismo que lofueran las elecciones para el candidato presidencial sin la Ley de Partidos Políticos.Un matadero electoral.
Enrique Rivera ex diputado Provincia Puerto Plata