Aunque muy pocos lo digan la sentencia evacuada por la Suprema Corte de Justicia de nuestro país en favor de nuestra democracia y en contra de una "Legisladora" acusada de lavado de bienes provenientes del narcotráfico el 28 de mayo del 2024, no sólo marca un precedente en nuestro Sistema Judicial sino, que fija un punto positivo además de credibilidad en su favor.
Hace mucho tiempo que en nuestro país la dependencia del Sistema Judicial del
Político al momento del nombramiento de sus integrantes ha sido una de las principales causas de que personas con capitales de dudosa procedencia incursionen en la actividad política y escalen con gran facilidad, sin que nada pase.
Esa misma causa ha sido la responsable de que funcionarios públicos de diferentes niveles y en gobiernos indistintos se adueñen del Erario Público sin ninguna consecuencia.
Aunque hemos dado algunos pasos hacia adelante en la mejoría de este importante Poder del Estado, aún tenemos muchas debilidades que favorecen aparentes compromisos con sectores no tan sanos de la sociedad.
Lograr despolitizar y sanear por completo el Sistema Judicial y del Ministerio Público debe ser una prioridad del Colectivo Dominicano, sin más excusas.
Además de los Narco-Polícos, sin importar los colores partidaristas a los que se adhieran, hay que mirar hacia la Ley Anti- Lavado y del Terrorismo para con firmeza, enfrentar a los lavadores de recursos provenientes de la Corrupción Pública así como detectar a los "Nuevos Empresarios" sobre todo, aquellos que de tiempo en tiempo fuerzan Amnistías Fiscales para limpiar sus evasiones y, aún así las autoridades no le toman la seña para darle seguimiento y a su debido tiempo, fiscalizarlos.
Mientras estos individuos que forman parte del Sistema de la Delincuencia Organizada se burlan de nuestra sociedad, que casi raya en la ingenuidad, quienes deben frenar a tiempo esas actividades ilícitas lucen no darse por enterados.
Seguro estoy de que, en el momento en que los Partidos Políticos aprendan que es importante presentar a tiempo a la Junta Central Electoral (JCE) el listado de sus candidatos para que sin prisa esta tenga el espacio para indagar sobre la vida y el origen de sus fortunas.
Si ese sencillo detalle se logra no tendríamos bienes blanqueados en las campañas electorales y la competencia sería más justa de igual manera, no seríamos sorprendidos con los fallos de los Tribunales que nos hacen nombrarlos como importantes precedentes.
Los precedentes que sí espero disfrutar algún día son: que los "lavados" detectados por la Junta Central Electoral (JCE) sean entregados y documentados ante las instancias judiciales correspondientes al igual, que las autoridades responsables de aplicar la Ley Anti-Lavado y del Terrorismo volteen y miren tantos "capitales" sin origen que les golpean a su paso y no se dan por enterados.