En el Congreso de la República Dominicana, cada legislador recibe una cuota de dinero para, supuestamente, dedicarlo a ayudar a personas necesitadas de la jurisdicción territorial a la que pertenece cada diputado y senador.

¿Qué valor moral podríamos asignarle a este fenómeno, extraño por naturaleza a la función legislativa?

Desde el punto de vista moral, la cuota de dinero que reciben los legisladores en la República Dominicana puede ser analizada desde distintas perspectivas, a saber:

La versión más vapuleada es que pretende hacer ver que el dinero del Barrilito es moralmente positivo, pero no hay ningún argumento válido. No importa que el legislador utilice los recursos recibidos mensualmente de manera eficiente y con la debida transparencia, ni que convierta esa cuota de dinero en una herramienta para aliviar las condiciones de vida de personas económicamente vulnerables, porque, es verdad sabida, que el propósito avieso es el de atarlas mediante el vínculo de necesidad para poderlos arrear como a vacas hacia el potrero de los comités de apoyo, muy lejos de la función legislativa, sino como un engrasante de la máquina ‘busca votos’ y mantener así garantizada, durante años,  el funcionamiento de proyectos políticos individuales.

Por aplicación en contrario, podría servir para financiar proyectos comunitarios, programas de salud, becas, y otros servicios esenciales, sin que nunca constituya un favor personal que deba pagarse con votos, sino una grosera torcedura o dislocación de la función para la que fue electo el legislador.

El Barrilito es moralmente negativo, porque al parecer, no hay un sistema de fiscalización de esos recursos, por lo regular esos dineros no se utilizan adecuadamente, lo cual distorsiona la función legislativa, que teóricamente significa: aprobar, derogar y modificar leyes, así como servir de contrapeso a los demás poderes del Estado. En la teoría política no existe ninguna justificación que impulse al Estado a erogar recursos económicos para que legisladores realicen funciones propias de los ministerios, tales como Educación, Salud Publica, Obras públicas, etc.. Los legisladores tienen una única función asignada por la constitución: ‘La Función Legislativa”, todo lo demás es distorsión, una luxación que afianza el estadio de subdesarrollo político de la sociedad.  

El Barrilito es "moralmente ambivalente" porque se usa para describir situaciones que tienen aspectos positivos y negativos desde un punto de vista ético, la ambivalencia moral se ve desde la montaña. Supongamos que los legisladores utilizan estos fondos para proyectos que realmente mejoran la calidad de vida de los ciudadanos (como infraestructuras, salud, educación, etc.) estarían usurpando funciones públicas y conculcando la institucionalidad. ¿Acaso permitirían los legisladores que funcionarios de otras áreas del Estado legislen o aprobarían que a los demás funcionarios se les asigne dinero mensualmente para financien sus proyectos personales o políticos? La respuesta es NO. 

En la práctica, esos recursos tienden a desviarse hacia el fomento de figuras faraónicas, de ridícula existencia si se le coloca frente al espejo del organigrama de la institucionalidad. 

La cuestionada moralidad de este instrumento popularmente bautizado como Barrilito canaliza la distorsión en la administración de los bienes del erario público y hace que la anomia sea vista como la norma y la transparencia y la rendición de cuentas como un subterfugio para marear el alma de la masa, tan vapuleada, humillada, burlada, degradada, sacudida, maltratada, azotada, flagelada, zaherida y toda tirada.