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TRÁFICO DE DROGAS: ¿LEGAL?

Ultima Actualización: viernes, 08 de enero de 2010. Por: Juan Yamil Musa

Últimamente se ha generado en el país el debate sobre la legalización o no del consumo de las drogas prohibidas. Partiendo de la encuesta que hiciera de público conocimiento la empresa Gallup, el 87% de la ciudadanía del país se opone a la legalización de las drogas.

Inmediatamente, distintos sectores de la sociedad se han sumergido en esta discusión, que, de hecho, le hace mucho bien a la democracia dominicana, puesto que se trata un tema que antes se consideraba tabú.

 

En este sentido, el principal objetivo en esta ocasión radica en cristalizar el debate, en cuyo caso, la finalidad  de las presentes líneas se habrá cumplido. Así las cosas, tenemos que indicar que la República Dominicana pasó, en el transcurso de los años, de ser un país “puente”, a ser un país consumidor (aún en términos mínimos).

 

Pasó el tráfico de drogas de ser un problema social, a ser un problema que hoy día afecta la institucionalidad del estado y a la economía del mismo, expandiéndose. Y vemos, como todas las herramientas utilizadas por el estado, no han garantizado que la batalla contra este flagelo haya tenido éxito. Es más, sería bueno cuestionarse si parte de la misma problemática radica en la falta de eficacia de dichas herramientas.

 

Ha llegado el tráfico de drogas a niveles jamás visto, por lo que se plantea la necesidad de poner sobre el tapete el legalizar o no dichas sustancias. Sobre esto, es necesario hacer varias precisiones.

 

La primera de ellas es que, con la legalización, el estado transforma el problema de las drogas, a un problema de salud, de tal manera que se enmarca la problemática bajo un mismo tópico. Así, el estado se abre un único frente de batalla, diferente a lo que sucede hoy día (problema económico, social, político, educativo, etc.), con lo que se logra que el estado se centre en enfrentar un enemigo visible.

 

En segundo orden, puede el estado fiscalizar esta actividad que pasaría a ser lícita; y al ser legal, pues entraría en las arcas del estado una mayor cantidad de ingresos provenientes de dicha actividad. Aquí, la mayor parte de dichos ingresos podría ser destinada precisamente a enfrentar el problema de salud, como un mecanismo de establecer el remedio sobre la enfermedad.

 

Más aún, teniendo presente que, diversas entidades económicas internacionales, han establecido que, a partir del 2012, los cálculos de los PIB de cada país, se realizarán tomando en cuenta el movimiento económico que posea la venta de drogas prohibidas.

Un tercer aspecto, es el relacionado con la libertad que posee cada ciudadano de decidir qué hacer con su vida. Es un Derecho Fundamental consagrado el de la libertad, aunque no menos cierto es  que ha sido un Derecho Fundamental que ha tenido que “aplatanarse” en cada país de acuerdo a su realidad socio-económica, pero no deja de tener validez jurídica.

 

Por el contrario, ¿cuáles argumentos estarían en contra? 1. Que el país no está preparado para una legalización por la falta de educación e institucionalidad; 2. Que no existe la madurez social suficiente como para aceptar esta legalización; 3. Que esto supondría un descarrilamiento total de la sociedad. Veamos cada argumento: Sobre la falta de educación e institucionalidad, es cierto que existe esa carencia. Pero ha sido dentro de la misma falta de educación e institucionalidad donde el consumo y la comercialización han crecido, por lo que surge la necesidad de buscar una nueva solución.

 

Sobre la falta de madurez social, es preciso señalar que tampoco tenía la madurez social suficiente la sociedad que vivió la legalización del alcohol, cuyo comercio lícito ya tiene más de medio siglo (en aquel entonces, eran, como hoy, muchas las voces opuestas); y por último, el aspecto que expone que supondría un descarrilamiento total de la sociedad, habría que establecer razones empíricas y factibles para determinar este aspecto, ya que ha sido, precisamente en la ilegalidad, donde el consumo ha crecido, no ha bajado; si hubiese disminuido el consumo estando ilegalizado, entonces, no habría nada que discutir, puesto que la normativa legal hubiese cumplido su cometido (cosa que reitero, no ha sucedido).

 

Es preciso que la sociedad se pregunte, sin tabúes, sin miedo, y sin prejuicios, sobre la ilegalización o no, puesto que no se debate la obligatoriedad de buscar nuevas soluciones. ¿O han dado resultado las herramientas del presente? Es hora de integrarse en un planteamiento serio y detallado del asunto, y luego, sólo luego, establecer posiciones.

 

Por favor, e insisto, sin prejuicios.