El 15 de octubre del pasado año, mediante la Ley No. 544-14, República Dominicana aprobó una importantísima ley que regula las relaciones privadas entre dominicanos y extranjeros en materia civil y comercial. Se trata de la denominada ¨Ley de Derecho Internacional Privado¨, la cual, en noventa y ocho artículos, regula diferentes aspectos ligados al Derecho Privado.  

La Ley de Derecho Internacional Privado se extiende hacia temas procesales, contractuales, laborales, Derechos del Consumidor, ámbito probatorio, entre otros. No es un instrumento que haya sido concebido sobre la base de regular específicamente una determinada área con preponderancia sobre otra, aunque, es preciso señalar que el aspecto procesal sobresale de las restantes.

Anteriormente, las relaciones privadas de carácter internacional entre dominicanos y extranjeros, con vinculaciones civiles y/o comerciales en territorio dominicano, básicamente, se regulaban mediante el Código Civil vigente y del Código de Bustamante del 13 de diciembre de 1928, el cual se conformó en el Sexto Congreso Panamericano efectuado en Cuba el 13 de febrero de 1928, siendo adoptado por la mayoría de los países participantes.

Resultando obsoleta, por el paso del tiempo, estas regulaciones jurídicas inter partes entre nuestros nacionales y extranjeros en materia civil y comercial, se tornaba imperativo la adquisición por República Dominicana de un nuevo, fresco y eficaz instrumento que actualizara estas regulaciones.

Esta Ley se corresponde con la realidad internacional que nuestro país viene viviendo desde hace, digamos, al menos quince años. De manera afianzada, República Dominicana aumenta día tras día la cantidad de comercio internacional que establece con socios empresarios en aguas extranjeras, no solo en materia de exportación e importación de bienes, sino, en la captación de inversión extranjera en territorio dominicano. Las bondades del crecimiento dominicano se han sucedido gracias a esta  dualidad, que ha permitido consolidarnos como principal economía de Centroamérica y el Caribe. Por ello, una regulación jurídica de la mano con esta realidad, era precisa.

Del ámbito procesal existen dos artículos que merecen nuestra atención.

El artículo nueve destaca una importancia vital para el ejercicio pleno de los derechos de los extranjeros, el hecho de que se estableciera, claramente, que los mismos tendrán acceso a los tribunales dominicanos en condiciones de igualdad con los nacionales y gozarán del derecho a una tutela judicial efectiva. Ciertamente, se trata de puntualizar sobre la debatida fianza judicatum solvi, que se refiere a la fianza que deberán presentar los extranjeros accionantes principales en justicia o intervinientes voluntarios.  Dicha fianza es improcedente hoy día, por lo siguiente: en primer orden, esta fianza, establecida mediante los artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil, y posteriormente en el artículo 4 de la ley 845 de 1978, que enmienda el artículo 16 del Código Civil, una vez firmado y ratificado el Código de Bustamante, quedaron derogadas, ya que el artículo 383 reza: ¨No se hará distinción entre nacionales y extranjeros en los Estados contratantes en cuanto a la prestación de la fianza para comparecer en juicio¨. Al tratarse de un Tratado Internacional, posee un rango paralelo al de la Constitución, por lo que cualquier ley adjetiva que le adverse es nula. En segundo lugar, y habiendo sido siempre un principio constitucional la tutela judicial efectiva, tras la entrada en vigencia de la Constitución del 26 de enero de 2010, el artículo 69 en toda su extensión no deja lugar a dudas de que dicho derecho alcanza a los extranjeros. Así, no solamente proviene en improcedente, sino, además, en inconstitucional. Recordemos, además, que por vía adjetiva el criterio de la fianza judicatum solvi, incluso antes de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010, ya demostraba dejar atrás esta malsana limitación en nuestro sistema de justicia, cuando  la Ley 479-08, denominada Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, incluyó la eliminación de esta fianza. Y no es casualidad, que una ley con carácter comercial sea la que iniciara esta rectificación legislativa, hoy confirmada.

Llama la atención, por otro lado, cierta ambigüedad en el artículo nueve de la Ley de Derecho Internacional Privado. Este artículo o ¨foro de competencia no conveniente, forum non conveniens¨, establece dos excepciones donde los tribunales dominicanos pueden abstenerse de conocer o de continuar conociendo de un proceso por causas que surjan fuera del territorio dominicano, cuando (citamos): ¨deban practicarse pruebas testimoniales y los testigos residan en el extranjero, y sea altamente oneroso para cada una de las partes la práctica de tales pruebas en el extranjero, o la comparecencia de los mismos ante los tribunales dominicanos; y 2) Cuando sea necesario una inspección judicial para una mejor apreciación de los hechos y dichas diligencias deban ser efectuadas en el extranjero.¨ Resulta sorprendente que este mismo articulado, establezca dos excepciones para la abstención del conocimiento de un juicio, sin establecerse y se abandone, sin más, la búsqueda de una solución justa para el caso en tales casos. ¿De manera que la búsqueda de la verdad de los hechos, principal tarea del sistema judicial, simplemente, se abandona a la mejor de las suertes de las partes? Es un artículo que da apertura a la abstención de los procesos bajo alegatos no muy robustos. Un carácter mucho más restrictivo y limitante del mismo se hubiese deseado. Es cierto que existen imposibilidades financieras y materiales para obtener pruebas dentro de los procesos, pero no debe constituirse esta imposibilidad en una apertura a que los jueces puedan abstenerse de conocer el fondo, bajo la sombrilla de la incompetencia territorial. En realidad, no se trata de la incompetencia de los tribunales dominicanos en este caso, como se titula el capítulo al que pertenece el articulado, sino de la facultad otorgada al juez, de que ante la onerosidad de las pruebas, éste pueda abstenerse de dilucidar el fondo.

En sentido general, es un valioso avance que contemos con esta nueva Ley de Derecho Internacional Privado. República Dominicana avanza en materia legislativa con ella, y nos posiciona a la vanguardia en materia civil y comercial. En una siguiente entrega nos referiremos sobre otros aspectos de esta nueva ley.