Conozco que las aguas pluviales constituyen una situación delicada aún en los países desarrollados y que la inversión que hacen los gobiernos en su recolección no se ve, aunque sí se siente el cambio convertido en calidad de vida y bienestar social para los ciudadanos.
Es desgarrador observar cómo se deslizan las aguas desde los espacios más elevados hacia los más bajos, donde habitualmente residen familias de escasos recursos que son golpeadas inmisericordemente como resultado de la irresponsabilidad de algunos desarrolladores de proyectos habitacionales, de igual manera de ciudadanos que de forma irracional construyen sin ningún tipo de respeto a la naturaleza, y de las instituciones responsables de regular y controlar que no cumplen con su rol.
Algunas de las causas que originan este malestar social pueden ser: irresponsabilidad al construir urbanizaciones y barrios en los entornos de las montañas sin la debida recolección de las aguas pluviales, construcciones indebidas en el cauce de las cañadas, arroyos y ríos, levantar edificaciones por debajo del nivel de las calles, aceras y contenes; inconsciencia y falta de educación ciudadana al momento de construir, falta de ética de un alto porcentaje de los ingenieros desarrolladores y constructores de proyectos, falta de responsabilidad y complicidad de parte de las autoridades reguladoras responsables de hacer cumplir las normas y aplicar reales regímenes de consecuencias a los violadores.
Quiero referirme a los casos de las amenazas provocadas por las inundaciones cuando llueve en República Dominicana, muy en especial al de Puerto Plata, donde a contar del 14 de febrero del año dos mil diez se inician las grandes inundaciones como resultado de las construcciones en urbanizaciones y barriadas populares sin ningún respeto por las áreas normales de escorrentía de las aguas pluviales en las partes sureste y suroeste de nuestra Reserva Científica y Parque Natural Isabel de Torres.
Es difícil asimilar que en sectores como Torre Alta, Las Caobas, Cerro Mar, entre otros, cuando llueve no se sabe qué puede ocurrir por la obstrucción de cañadas que tienen su origen en la cima de nuestra querida Isabel de Torres.
Debo ser justo y decir que esta situación no es exclusiva de esos sectores; igual sucede en la parte oeste de nuestra montaña, donde las autoridades responsables de emitir la permisología para poder edificar han permitido la construcción de innumerables urbanizaciones y sectores populares sin ningún tipo de control en la recolección de las aguas pluviales.
Esta desagradable situación, que causa desasosiego a una gran cantidad de ciudadanos y hasta la muerte a otros, puede ser resuelta solo con estudiar y hacer que se ponga en ejecución la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00.
Es una responsabilidad ciudadana interesarnos e integrarnos en la búsqueda de soluciones a las amenazas que pueden causar daños y pérdidas a nuestros semejantes y las inundaciones por la falta de recolección de las aguas pluviales es una de ellas.
Una manera en que podemos integrarnos a la solución de esta inhumana situación es que, al momento del desarrollo de una nueva urbanización, las reales organizaciones de la sociedad civil se hagan representar para inspeccionar el espacio y su entorno, exigir los planos para fines de revisión, garantizando de esta manera el respeto del medio ambiente y que se cumpla con las leyes, reglamentos y normas establecidas para garantizar la tranquilidad ciudadana.
Esas mismas prerrogativas deben prevalecer al momento en que grupos de desaprensivos se aprestan a invadir terrenos para levantar barriadas sin ningún tipo de planificación, convirtiéndose en una carga social por la carencia del más mínimo de los servicios básicos que tienen que ser la garantía de la supervivencia humana.
El crecimiento y desarrollo urbanístico debe ser un sello de bienestar ciudadano, reflejado en la calidad de vida.
