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Reforma constitucional y Ministerio Público

Ultima Actualización: viernes, 23 de agosto de 2019. Por: Victor Mena Graveley

Por consiguiente, y ante un panorama nada halagüeño para la institucionalidad del país, el camino propicio es una nueva reforma constitucional que excluya al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura.

Uno de los retrocesos que trajo consigo la reforma constitucional del 2010 fue la inclusión del Ministerio Público en el Consejo Nacional de la Magistratura.

Esto, desde luego, no fue fortuito ni un error de los redactores de la Constitución, sino fue una trama bien orquestada con la finalidad de que el presidente de turno obtuviese la mayoría mecánica deseada para nombrar jueces con afinidad a sus intereses.

Por consiguiente, y ante un panorama nada halagüeño para la institucionalidad del país, el camino propicio es una nueva reforma constitucional que excluya al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura.

La otra idea debe ser que la reforma imprima de manera adicional la esperada independencia del Ministerio Público con la respectiva autonomía presupuestaria, haciendo que la designación del Procurador General de la República no dependa del presidente de la República. Eso implicaría un cambio del paradigma del Ministerio Público como brazo de los intereses de la Corona en la justicia.

De la misma forma que  Costa Rica escogió el modelo de ministerio público que se ubica como un órgano propio del Poder Judicial, no dependiente del ejecutivo, posibilitando que, en ese país, la persecución del crimen organizado, especialmente de los casos de corrupción administrativa sea efectiva; la República Dominicana podría iniciar un proceso similar de cambios para dar por terminado con el viejo esquema de que un político de turno sea designado Procurador General de la República cada 4 años para garantizar impunidad de quien lo nombra.

En conclusión, los cambios se logran por medio de consensos y por la incesante presión de la sociedad civil, partidos políticos y empresarios, pues en palabras del insigne jurista chileno Mauricio Duce el fortalecimiento del Ministerio Público es un proceso de cambio inconcluso.