Puerto Plata, R.D. — Hay dolores que no pertenecen a una sola persona. Hay dolores que se viven en silencio, en salas de espera, en farmacias, en hogares donde alguien aguarda una autorización, un medicamento o una llamada que nunca llega. El caso que hoy involucra al doctor Santiago Hazim y al Seguro Nacional de Salud (SENASA) toca precisamente ese tipo de dolor: el que se siente cuando la salud depende de otros.

Desde lo humano, no puedo ni quiero ignorar que el doctor Hazim padece una enfermedad crónica. La esclerosis múltiple es una condición dura, compleja, que desgasta el cuerpo, la mente y también a la familia. Quien ha acompañado a un ser querido en una enfermedad sabe lo que esto significa. La compasión, en este punto, no solo es válida: es necesaria.

Pero la compasión no puede borrar las preguntas.

Porque este no es un caso cualquiera. No se trata únicamente de una persona, sino de una institución que representa la esperanza de miles de dominicanos. SENASA no es un seguro más. Para muchos, es lo único que tienen.

SENASA es la madre soltera que no puede pagar una consulta privada.

Es el niño con una enfermedad crónica.

Es el envejeciente que depende de medicamentos mensuales.

Es la persona con discapacidad.

Es la familia que no puede viajar ni buscar alternativas fuera del país.

Por eso este caso duele tanto. Porque cuando se toca SENASA, no se tocan números: se tocan vidas.

El doctor Hazim no proviene de la exclusión ni de la carencia. Viene de una familia conocida, con educación y oportunidades. Es médico. Hizo un juramento: proteger la vida, no ponerla en riesgo. Y además, es una persona que conoce, desde la experiencia personal, lo que significa estar enfermo.

Eso es lo que resulta tan difícil de comprender.

¿Cómo alguien que sabe lo que es depender de atención médica oportuna, que ha jurado proteger la salud y que además vive una enfermedad crónica, puede verse vinculado a acciones que comprometen el acceso a la salud de otros?

Ha trascendido públicamente información sobre lujos, inversiones y relojes de alto valor. No se trata de juzgar posesiones personales, sino de enfrentar un contraste doloroso entre esos símbolos y la realidad de miles de dominicanos que han pasado noches sin dormir esperando una respuesta del sistema que debía protegerlos.

Hoy se pide comprensión por la enfermedad. Y es válida.

Pero como país también tenemos derecho a preguntar: ¿quién pensó en los enfermos que esperaban una autorización?

¿En quienes no podían elegir otra clínica, otro seguro, otro país?

¿En quienes dependían exclusivamente de SENASA para seguir viviendo?

Este mismo gobierno amplió el acceso a SENASA como una política de inclusión social. Eso se hizo pensando en los más vulnerables. Cualquier acción que debilite esa institución no es un asunto menor: es tocar el corazón de la justicia social y de la confianza pública.

Y hay una verdad que debe decirse con claridad: los servidores públicos trabajan para la ciudadanía. Son sostenidos con los impuestos de todos y administran recursos que no les pertenecen.

El Estado confió en usted. El presidente confió en usted.

Y los ciudadanos también confiamos, porque cuando alguien ocupa un cargo público, lo hace en nombre de todos.

Por eso, como sociedad, tenemos el derecho legítimo de preguntar, cuestionar y exigir explicaciones. No desde el odio ni la condena anticipada, sino desde el dolor colectivo de quienes han esperado, han sufrido y han dependido de un sistema que debía cuidarlos.

No se trata de condenar antes de tiempo.

Se trata de exigir la verdad.

Porque la salud no admite privilegios.

Porque la confianza, cuando se rompe, deja heridas profundas.

Eso es lo que duele.

Eso es lo que nos afecta a todos.

Y eso es lo que no podemos normalizar.

Porque SENASA no es un privilegio.

Es una promesa de cuidado, de dignidad y de vida.

Y las promesas hechas a quienes menos tienen deben protegerse con ética, humanidad y responsabilidad.