PUERTO PLATA.- La diputada por Puerto Plata, Lidia Pérez, criticó en duros términos la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara discriminatorias las sanciones internas contra las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Pérez protagonizó este pasado martes una encendida y polémica intervención durante la Sesión No. 22 de la Segunda Legislatura Ordinaria de la Cámara de Diputados, donde afirmó que la decisión del tribunal “no es tan simple como se quiere hacer ver”, al tiempo que recordó que las sentencias del TC son “inapelables y vinculantes”.

La congresista quien pertenece a la bancada del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), la cual también es profesional de la medicina y pastora evangélica, señaló que este tipo de fallos marcará los criterios que los jueces deberán aplicar en futuros conflictos y advirtió que, ante ello, “quién tiene que refrendar esto es el pueblo”.

En ese mismo orden, la legisladora se definió como portavoz de los sectores “conservadores” del país y aseguró que quienes creen “en la familia y en los valores morales y espirituales” deben poner “un stop” a lo que calificó como una “agenda globalista” y sostuvo que la República Dominicana necesita “hombres de verdad, no mariquitas”.

En uno de los momentos más controvertidos de su discurso, la diputada Lidia Pérez añadió que hoy más que nunca el país requiere ciudadanos “dispuestos a defender la frontera, a enarbolar la bandera y a mantener viva la identidad nacional” ya que la nación es “autosostenible”, resaltando la producción local de alimentos y alegando que la preservación de la soberanía no debe ceder ante presiones internacionales.

Se resalta que la enérgica intervención de la diputada Lidia Pérez desde su curul, se suma a las voces que han criticado la sentencia del TC, mientras otros sectores, incluyendo la Procuraduría General de la República y organizaciones de derechos humanos, han defendido la decisión por considerarla acorde con la Constitución y los tratados internacionales firmados por el país.