La Constitución de Colombia, en sus artículos 1 y 3, define al país como un estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, donde la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Sin embargo, estas bases enfrentan desafíos constantes en un contexto político y social cada vez más polarizado.

No estar de acuerdo con el llamado socialismo democrático, ni con esas izquierdas que predican cambios y, al llegar al poder, arrasan con todo a su paso, no significa desconocer el derecho de esos gobiernos a ser respetados. La política no puede ser un campo donde las ideologías se usen para justificar el irrespeto a las conquistas de los pueblos.

En este sentido, la posición de Gustavo Petro, presidente de Colombia, frente a los embates de lo que algunos denominan “el imperialismo yanqui”, resulta justa y necesaria. Defender la soberanía política y las decisiones internas de un país es un acto que refuerza la dignidad de las naciones.

No obstante, ciertos sectores parecen creer que con palabras altisonantes y posturas rígidas pueden desacreditar los avances políticos y sociales logrados por diversos pueblos. Estas conquistas, que a menudo se reflejan en la paz social y el progreso económico, no deberían ser objeto de imposiciones externas o de estrategias de desestabilización.

El reciente espectáculo de mal gusto montado en torno a las deportaciones masivas ha dejado los campos y los comercios sin empleados, provocando una crisis social y económica de grandes proporciones. La hostilidad hacia los iguales no solo genera divisiones, sino que también pone en riesgo el tejido social de las comunidades.

La intimidación tiene sus límites. La falta de diálogo y la imposición de agendas unilaterales no solo afectan la soberanía de un país, sino también la dignidad de sus ciudadanos. Colombia, como muchos otros países, merece respeto, cooperación y el reconocimiento de sus esfuerzos por construir un futuro más justo y equitativo.