Como abogada con años de experiencia litigando en los tribunales, especialmente de Puerto Plata, resulta frustrante y desalentador enfrentar las condiciones actuales del sistema judicial. Lamentablemente, los abogados que nos dedicamos a esta área enfrentamos serias dificultades que afectan no solo nuestro trabajo, sino también los derechos y expectativas de nuestros clientes.
Una de las principales preocupaciones es la designación de jueces suplentes que, en muchos casos, carecen de la preparación necesaria en, específicamente en la aplicación correcta del Código Procesal Penal. Esto resulta en audiencias que se desarrollan sin el conocimiento adecuado de la legislación vigente, generando decisiones que carecen de fundamento y que, en última instancia, perjudican el acceso a la justicia de los ciudadanos.
A esta situación se suma la evidente falta de vigilancia por parte de la corte que los designa. Al parecer, no se ha prestado la atención debida a la supervisión de estos jueces suplentes, pues es evidente que muchos de ellos no han recibido el entrenamiento adecuado para manejar los procesos de tránsito. Además, hemos sido testigos de conductas inapropiadas y falta de profesionalismo por parte de algunos jueces suplentes.
Es lamentable ver que, durante audiencias cruciales, en las cuales se espera un análisis serio y objetivo, hay jueces que distraen su atención con dispositivos electrónicos, dedicándose a actividades ajenas al proceso, como navegar en redes sociales o ver videos. Esta falta de compromiso no solo muestra una falta de respeto hacia los litigantes, sino que atenta contra la dignidad del proceso judicial y la búsqueda de justicia.
Como abogados, necesitamos jueces que se tomen el tiempo para entender los argumentos, que conozcan la ley y que estén dispuestos a escuchar con atención. La justicia no puede ser un proceso superficial; requiere la seriedad y el compromiso de todos los actores involucrados. Es imperativo que se tomen medidas para garantizar que los jueces suplentes designados tengan la capacitación adecuada y que se ejerza un control sobre sus actuaciones para asegurar un proceso judicial justo y equitativo.