Myrna Santos
Establecida la legalización del Partido Revolucionario Moderno (PRM) comienza el tramo necesario de legitimación en la sociedad dominicana, y con ello la diferenciación entre el PRD y el PRM.
Miguel Vargas Maldonado es el dueño absoluto del PRD y ha establecido una especie de monarquía en sus mandatos donde no se admite la disensión. Es el Presidente y es el candidato a la presidencia de la República, sin mediar convención, ni tomar en cuenta las aspiraciones que pudiese haber para confrontarlo.
Guido Gómez Mazara, está discutiendo en el Tribunal Superior Electoral su derecho a objetar el mamotreto de convención montado por Miguel Vargas y sus adláteres para quedarse con la hegemonía de este partido. Guido presentó un montón de pruebas de actas en todo el país falsificadas y notarizaciones levantadas en los lugares donde no se convencionó, como pruebas entre otras muchas otras, de que esa convención fue un verdadero fraude. El Tribunal Superior Electoral tendrá que demostrar su independencia y capacidad de discernimiento jurídico. Guido, sin precipitaciones, esperará su decisión y determinará el camino a seguir luego del fallo.
En Puerto Plata, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) decidió comenzar a dar los pasos de la diferenciación como partido opositor. Era hora ya que surgiera un mecanismo político que tomara en sus manos el enfrentar el camino libre que ha venido trazando las políticas gubernamentales, que como dueños absolutos de todo el poder estatal, han venido actuando sin contratiempos y haciendo y deshaciendo del erario público que ha convertido el Comité Político del PLD en el más poderoso grupo económico - político – empresarial del país, un verdadero cártel, que actúa con una plataforma de impunidad frente al gran desborde de la corrupción que pulula en todas las instancias del poder político que administran.
Con estas miras, los Comités Provincial y Municipal del PRM en Puerto Plata dieron el primer paso para devolver la confianza de la gente. Someter formalmente una instancia al Consejo de Administración de Coraaplata, para que atendiendo la Ley de Acceso a la Información Pública (200-04), y la Ley sobre Compra y Contrataciones Públicas (340-06), entregaran la composición y monto de la nómina de empleados; ejecución presupuestaria de los últimos dos años; ingresos por facturación y otros medios y egresos; situación financiera de la institución (deudas y cuentas por cobrar); términos de referencia del contrato de privatización del área comercial con la empresa AAA y posición del Consejo de Administración en torno al contrato de referencia; contratos para la realización de obras menores en diferentes localidades de la provincia.
No hay por qué precipitarse. Hay tiempo suficiente para que el Consejo de Administración de Coraaplata y su Administrador General, puedan recopilar toda esta documentación y entregarla sin mayores tropiezos. Si no sucede así, hay instancias legales para obligarles a cumplir con estas leyes que permiten a cualquier ciudadano común y más a una entidad política poder someter acogerse a estas leyes que transparentizará el accionar interno de una institución que como Coraaplata cuando se le entregó a la administración peledeísta en el 2004, constituía un verdadero ejemplo de gerencia y modelo de administración sana, con cuentas por pagar totalmente saneadas, un parque vehicular ajustado a sus demandas, certificados de depósitos en bancos por 7 millones de pesos; una empleomanía ajustada a sus necesidades de gran profesionalidad, que recibía el pago mensual por sus servicios sin contratiempos; además de control absoluto del manejo del agua y de sus usuarios. No había por qué preocuparse cuando se entregó este activo a los peledeístas cuando regresaron al poder en el 2004, que lo han convertido hoy en una entelequia clientelar, con grandes baches en el suministro del agua que ha puesto a nuestras barriadas hacer reclamos públicos, y donde además la población aprecia un gran dispendio en las obras que se otorgan y los fondos que se reciben.
Continuará el PRM extendiendo su radio de acción hacia otras instituciones que sabemos actúa sin ningún control. Y como el pueblo debe acostumbrarse a que nadie que llega a un puesto electivo o por decreto es dueño absoluto para poder hacer y deshacer sin rendir cuentas, poco a poco, se irán desentrañando los entuertos que van a ir apareciendo en los que han hecho del poder político un coto cerrado.