Myrna Santos
Se ha creado un gran revuelo con la decisión tomada por el mediatizado Concejo de Directores de CORAAPLATA de privatizar el cobro de esa entidad otorgando el contrato a una firma que ha sido cuestionada inclusive por miembros de ese directorio que fueron excluidos de estar presentes el día que fue convocado para tomar esta medida.
Las fuerzas vivas de la provincia excluyendo los comunicadores pagados por CORAAPLATA se han hecho sentir en sus protestas, por entender que esta privatización contribuye a lesionar más hondamente los bolsillos de la gente que no recibe el servicio, que es afectada con las averías, que además ha contemplado atónita el abultamiento de la nómina de esta entidad para mantener el liderazgo clientelar de su administración y que ha venido reclamando transparencia en el manejo de los fondos que se recaban y de los que son subsidiados por el gobierno.
Toda una trama burda se montó para aprobar esta privatización, de tal manera, que hasta el Presidente del Consejo, Virgilio González (Rey) y otros miembros que no estaban de acuerdo con el otorgamiento de este contrato a la empresa que fue seleccionada, fueron afuereados de esta sesión convocada de manera irregular y con un concepto de exclusión premeditada, para poder decidir sin obstáculos internos esta contratación.
Bien han hecho los representantes del equipo de Danilo Medina en Puerto Plata, de objetar esta privatización, que repercutirá de manera negativa en las simpatías que recibe su gobierno y que afectará la imagen de muchos de ellos que aspiran a repetir en sus puestos electivos y/o que desean escalar a estos puestos.
Entendemos que los miembros del Concejo de Directores de esta entidad que es CORAAPLATA deben fijar de manera pública su posición, porque ellos están ahí, representando sectores de la sociedad para preservar la sanidad de sus finanzas y para lograr que el servicio que llega a la gente sea cada vez más de calidad y de manera constante.
En esta paralización económica que ha sometido el gobierno de Danilo Medina al país para seguir manteniendo una nómina pública clientelar y abusiva, penalizar de nuevo a la clase baja y media con tarifas que salgan de medidores no calificados y que a la vez se tenga que pagar lo que no se recibe, es seguir cargando y endeudando a la gente en un círculo vicioso de nunca acabar, porque el gobierno y las autoridades locales que lo representan, entienden que solamente con esbozar planes sociales que solamente se reparten a sus incondicionales, con eso cumplen con ir mermando la pobreza, que ellos maquillan a través del Banco Central con porcentajes no creíbles y poco demostrables.
Se comenta, que hubo un lobismo de parte de la empresa favorecida que para lograr el contrato tuvo que “cantearse” y que esto movió el interés de la dirección de CORAAPLATA de otorgarle este contrato y que en estos manejos surgieron las diferencias entre la Presidencia del Concejo, que ya tenía su propia selección y en una perogrullada clásica de un político de fuste como el Ing. Carlos Troche, rompiendo el protocolo se le adelantó, dándole jaque mate. Mientras tanto el pueblo, la gente, recibe el zarpazo y tiene que pagar como siempre los platos rotos. ydaliam09@gmail.com