Por: Myrna Santos
Ha constituido un verdadero escándalo la decisión tomada por el Congreso Nacional de eliminar de la ley 76/02 en uno de sus párrafos del artículo 85 del Código Procesal Penal, la acción legal que permitía a los ciudadanos querellarse contra las actuaciones indecorosas de los funcionarios. Con ello están quitándole a la ciudadanía una manera de poder convertirse en guardián de los fondos públicos y llevar ante los tribunales a quien o quienes hagan uso indebido de los mismos.
Se quiere con esto legalizar la impunidad que ha venido campeando por sus fueros en este país fundamentalmente en los gobiernos del PLD donde el Comité Político ha sido compromisario del enriquecimiento ilícito de muchos de sus componentes que no pueden explicar el origen de sus riquezas y a la vez le tiran la toalla al Senador Félix Bautista, al ex ministro de Obras Pública Díaz Rúa y al Presidente de su partido Dr. Leonel Fernández que tienen pendiente en la justicia, que en el futuro se pueda aplicar de manera imparcial, el dar cuenta de los 120 millones de dólares de la Sund Land que fueron sustraídos y que ha sido demostrado por el economista Jaime Aristy Escuder el destino final de esta monstruosa suma de dinero, con el agravante de la cantidad de 210 mil millones de pesos que gastó Leonel Fernández en las elecciones del 2012, que mediante una Reforma Fiscal el Lic. Danilo Medina actual presidente de la república puso a pagar al pueblo dominicano.
La corrupción es endémica en nuestro país y la gente se ha ido acostumbrando a verla pasar y no inmutarse, porque las dádivas clientelares y la compra de representantes del poder mediático la vive justificando. Al igual que cuando llegan a ocupar un puesto de poder quienes acostumbran a denunciarla, apabullados/as por el montaje que ha logrado asentarse se arropan en su cobija.
Para que podamos entender esta realidad, voy a retrotraerme en aquella acción que implementé apelando a la Ley de Acceso a la Información No.200-04 para pedirle al Lic. Walter Musa, alcalde de Puerto Plata, las informaciones que avalaran un préstamo de 30 millones de pesos realizados a través de una financiera de Moca para comprar equipos para la recogida de basura, de los cuales, según sus palabras, solamente fueron utilizados 20 millones.
Pero como la corrupción arropa el accionar de la oposición cuando llegan a ocupar los puestos de poder, ya sean electivos y/o nombrados, de ahí que los/as representantes en la Sala Capitular del PRD no se dieron por aludidos/as y ni siquiera fueron capáces de hacer un amaraco, para limpiar su imagen frente a la comunidad. Como ustedes podrán darse cuenta ni un dedo movieron para que se aclarara el uso de estos recursos que tendrán que ser pagados por todos/as nosotros/as con los impuestos que nos lesionan nuestros bolsillos para sustentar los ayuntamientos. Y además en este accionar pudimos ver, que la mayoría de los Ediles pudieron exhibir nuevos vehículos que según el rumor público fue parte del acuerdo de quedarse callados con esta transacción.
Imagínense ustedes lo que sería entonces que quitaran de “golpe y porrazo”, como lo han hecho los Senadores con este párrafo del Código Procesal Penal, que todas estas indelicadezas que cometen nuestros funcionarios públicos no tuvieran ni siquiera la sanción del cuestionamiento, afianzando con esto, el dispendio, las prebendas y el latrocinio, como un bien adquirido, que no puede ser sancionado. Si aceptamos genuflexos/as que el Gobierno no vete este mamotreto de reivindicar las actuaciones indecorosas de los funcionarios públicos, veremos la realidad de cómo la decencia será sustituida por la inmoralidad y terminaremos de sepultar nuestra sociedad en el maremágnum del “sálvese quien pueda”, porque el PLD está llevando este país a la insurrección y a la confrontación, reeditando posiciones absolutistas y anti éticas, propias de una dictadura y porque la parte moral de nuestra sociedad no puede quedarse de brazos cruzados ante este atentando a la Constitución y a la Leyes.