Hay algo que me preocupa profundamente del debate sobre el Código Penal, y creo que debería preocuparnos a todos.
No se trata de defender insultos. No se trata de justificar calumnias. No se trata de darle carta blanca a nadie para destruir reputaciones desde una cámara, un micrófono o una cuenta de redes sociales.
Eso no es libertad de expresión.
Pero tampoco podemos pasar por alto una cuestión fundamental: ¿qué sucede cuando una ley, aun con buenas intenciones, termina generando miedo a opinar, cuestionar o denunciar?
Uno de los puntos que más controversia ha despertado es el relacionado con el llamado “ultraje” a funcionarios públicos. Y es precisamente ahí donde debemos detenernos a reflexionar.
En una democracia, los funcionarios públicos administran recursos que pertenecen a todos, toman decisiones que impactan directamente nuestras vidas y ejercen poder en representación de la sociedad. Por esa misma razón, deben estar sometidos al escrutinio ciudadano, a la crítica y al cuestionamiento público.
La pregunta clave es esta: ¿dónde trazamos la línea entre proteger la dignidad de una persona y garantizar el derecho de la ciudadanía a vigilar, cuestionar y exigir cuentas a quienes ejercen funciones públicas?
Esa no es una discusión menor. Es una conversación esencial para la salud de cualquier democracia.
Porque cuando una persona deja de expresar una opinión, evita denunciar una irregularidad o renuncia a cuestionar una actuación pública por temor a las consecuencias legales, no pierde solo esa persona: pierde toda la sociedad.
Pero hay otro aspecto que también exige atención.
Diversos sectores médicos han expresado preocupación por disposiciones que podrían incrementar de manera significativa la presión legal sobre el ejercicio de la medicina.
Y aquí tampoco existen respuestas simples.
Todos queremos que haya consecuencias cuando se comete una negligencia. Eso es correcto y necesario.
Sin embargo, también debemos preguntarnos: ¿qué ocurre si el aumento del temor a sanciones legales lleva a especialistas a rechazar procedimientos complejos o a evitar casos de alto riesgo?
La consecuencia podría ser clara: quienes más necesitan atención médica serían los más afectados.
Por eso este debate no puede limitarse a políticos, abogados o médicos.
Nos concierne a todos.
Porque hoy hablamos de periodistas, comunicadores, médicos y funcionarios públicos.
Mañana podríamos estar hablando de cualquier ciudadano que quiera expresar una opinión, denunciar una injusticia o ejercer un derecho legítimo.
Las democracias sólidas no se construyen sobre el miedo ni sobre el silencio.
Se construyen sobre el equilibrio.
Un equilibrio real entre el respeto y la crítica.
Entre la responsabilidad y la libertad.
Entre la protección de la honra individual y la defensa del derecho colectivo a cuestionar al poder.
Antes de tomar partido, infórmese. Investigue. Escuche distintas posiciones. Conozca lo que realmente establecen esos artículos.
Porque los derechos rara vez desaparecen de un día para otro.
Con frecuencia comienzan a erosionarse cuando dejamos de prestar atención.
Y cuando finalmente nos damos cuenta, recuperarlos suele ser mucho más difícil que defenderlos a tiempo.
