En materia inmobiliaria, la seguridad jurídica comienza con la información. Conocer quién es el propietario es importante; conocer el estado jurídico actual del inmueble es indispensable.
Para realizar la compra de un inmueble, no basta con verificar el certificado de título que acredita al vendedor como el titular del derecho de propiedad. También es necesario conocer la situación jurídica del inmueble y determinar si sobre este existen cargas, gravámenes u otras situaciones registrales que puedan afectar los derechos del adquirente.
La Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario establece en su artículo 92, párrafo II, que: “el estado jurídico del inmueble y la vigencia del duplicado del Certificado de Título se acredita mediante una certificación oficial emitida por el Registro de Títulos correspondiente”.
Esta certificación permite verificar el titular vigente del derecho y conocer la situación jurídica que consta registrada sobre el inmueble, incluyendo la existencia de cargas y gravámenes inscritos en su registro complementario.
Que una persona muestre un certificado de título que lo identifica como propietario no significa, por sí solo, que sea el titular vigente en el Registro de Títulos y que el adquirente ya conozca la situación jurídica actual del inmueble. Es precisamente por ello que la certificación constituye una herramienta fundamental de seguridad jurídica preventiva.
De no solicitarse previamente esta certificación no significa que la compraventa vaya a resultar perjudicial para el comprador. Lo que sí implica es asumir un riesgo que pudo ser prevenido al realizar el negocio sin conocer oficialmente la situación jurídica vigente del inmueble, lo que puede incidir en la seguridad de su inversión.
Por estas razones, antes de adquirir una propiedad inmobiliaria, es indispensable solicitar una certificación del estado jurídico del inmueble, porque la seguridad jurídica comienza con la información.
