Conducir en la República Dominicana se ha convertido en una experiencia que va más allá del simple riesgo de un accidente de tránsito. El verdadero peligro no siempre radica en los vehículos, sino en las conductas imprudentes que se repiten a diario en las vías públicas.
Es común encontrarse con motociclistas que irrumpen de manera inesperada, se detienen sin previo aviso o cruzan semáforos en rojo, desafiando toda norma básica de seguridad. Incluso el uso correcto de las direccionales parece interpretarse como una invitación para acelerar, en lugar de ceder el paso.
Sin embargo, el problema no termina en la imprudencia vial. Cuando ocurre un accidente, la respuesta ciudadana deja mucho que desear. En lugar de asistencia inmediata, muchas veces se congrega una multitud cuya principal reacción es grabar con sus teléfonos móviles, priorizando la obtención de contenido para redes sociales por encima de la vida humana. Un herido no necesita ser filmado: necesita auxilio, empatía y acción, como una llamada oportuna al sistema de emergencias.
Aun en el mejor de los casos, cuando la persona logra sobrevivir al incidente, comienza otro proceso igual de desgastante: el legal. Demandas, largos meses en tribunales y gastos en representación jurídica forman parte de una realidad que desalienta a quienes, incluso actuando correctamente, se ven obligados a defenderse.
La falta de pruebas audiovisuales puede agravar aún más la situación. En muchos casos, surgen testigos improvisados y versiones contradictorias que distorsionan los hechos, colocando en desventaja a quien no cuenta con medios para demostrar la verdad.
Esta combinación de imprudencia en las vías, indiferencia social y debilidades en la respuesta institucional plantea un desafío urgente. No se trata solo de mejorar la seguridad vial, sino de recuperar valores fundamentales como la responsabilidad, la empatía y el respeto por la vida.
Conducir en el país hoy implica no solo estar atento al camino, sino también prepararse para enfrentar las consecuencias de un sistema que, en ocasiones, no garantiza justicia ni protección al ciudadano.
