En la República Dominicana existe una contradicción que resulta alarmante: personas privadas de libertad continúan dirigiendo delitos desde el interior de los centros penitenciarios. Extorsiones, amenazas, estafas electrónicas y coordinaciones criminales se realizan a través de teléfonos celulares e internet que, de manera ilegal, circulan dentro de las cárceles.
La pregunta no es nueva, pero sí urgente: ¿cómo es posible que esto continúe ocurriendo?
Los teléfonos no ingresan por casualidad. Su presencia evidencia fallas estructurales en los controles de acceso, ausencia de tecnología adecuada y, en algunos casos, posibles actos de corrupción. La introducción de dispositivos durante visitas sin escáneres corporales, la falta de revisión tecnológica efectiva, la inexistencia o mal funcionamiento de bloqueadores de señal y la eventual complicidad de personal penitenciario configuran un escenario que facilita la continuidad del delito desde el encierro.
Lo más preocupante es que, una vez dentro, estos dispositivos permiten a los internos operar con sorprendente libertad. Utilizan redes móviles externas o conexiones clandestinas para mantener activas estructuras criminales. Así, la prisión deja de ser un espacio de rehabilitación y cumplimiento de condena para convertirse en un centro de operaciones.
El problema no es desconocido. Ha sido denunciado reiteradamente por ciudadanos afectados y por autoridades en distintos momentos. Sin embargo, las medidas adoptadas han sido esporádicas y reactivas. Se anuncian operativos, incautaciones y promesas de modernización, pero el fenómeno persiste.
Instituciones como la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales y el Ministerio Público tienen la responsabilidad de garantizar que la privación de libertad cumpla su finalidad legal y constitucional. Permitir que desde los centros penitenciarios se continúe delinquiendo no solo vulnera la seguridad ciudadana, sino que erosiona la credibilidad del sistema de justicia.
La solución no requiere discursos, sino decisiones firmes y sostenidas. Es imprescindible la instalación y mantenimiento permanente de bloqueadores de señal debidamente regulados; la implementación obligatoria de escáneres corporales y tecnológicos en todos los accesos; la investigación y sanción ejemplar de funcionarios que faciliten el ingreso de dispositivos; y la creación de sistemas de telefonía penitenciaria controlada que permitan comunicación supervisada sin recurrir a celulares ilegales.
Además, se hace necesaria una supervisión independiente y auditorías periódicas del sistema penitenciario. La transparencia es un componente esencial para restaurar la confianza pública.
Este no es un simple problema administrativo. Es un asunto de seguridad nacional. Cada llamada de extorsión realizada desde una celda es una evidencia de que el Estado no está ejerciendo plenamente su autoridad.
La sociedad dominicana merece cárceles que rehabiliten y contengan el delito, no que lo proyecten hacia las calles. Si la privación de libertad no impide que se siga delinquiendo, el sistema pierde su razón de ser.
El momento de actuar no es mañana. Es ahora.
