Peralta aseguró que todo obedece a su papel en la defensa de los verdaderos propietarios de terrenos en esa zona, donde según dijo “opera un grupo delictivo con vínculos dentro del sistema judicial”.

El jurista explicó que, en el año 2006, hace 19 años, una banda de falsificadores habría fabricado un proceso judicial en su contra por supuesta violación de propiedad privada, caso que prescribió en 2011.

De acuerdo con Peralta, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia No. TC/0258/2024, de fecha 9 de agosto de 2024 (página 60, ítems 12.4 y 12.5), declaró que dicho proceso se encontraba prescrito desde el 12 de septiembre de 2013, es decir, hace más de una década.

A pesar de ello afirmó, “estos delincuentes pretenden revivir una decisión judicial extinguida hace casi 20 años”, lo que calificó como una maniobra para desacreditarlo y atentar contra su vida.

El abogado señaló directamente a “falsificadores de documentos” que operan en la zona, y sostuvo que entre los involucrados hay miembros del Ministerio Público, dos jueces y un diputado, a quien calificó como “el mayor falsificador de títulos del Cibao”.

Peralta indicó que ha rechazado en múltiples ocasiones “acuerdos” que le proponían los falsificadores para que cediera parte de los terrenos en disputa. “Me han ofrecido que les deje la mitad del terreno y me he negado en más de 50 ocasiones. Por eso me han inventado procesos falsos”, afirmó.

El jurista expresó su preocupación por la falta de seguridad jurídica en la República Dominicana, asegurando que “los falsificadores de documentos son quienes controlan la Jurisdicción Inmobiliaria”, mientras que dijo “la Inspectoría del Poder Judicial no hace nada para detenerlos”.

“Este es un grupo delictivo bien estructurado que cuenta con protección y apoyo de personas llamadas a hacer cumplir la ley. La Procuraduría General ya investigó este caso y concluyó que se trataba de un entramado criminal que obtuvo títulos y deslindes falsificados en Punta Rucia. Aún se espera que sean sometidos a la justicia”, señaló Peralta.

El abogado también denunció que algunos de los procesos judiciales en su contra incluyen el uso de personas fallecidas como demandantes. “Estoy luchando contra ocho difuntos que presentan como vivos. Aunque muestro las fotos de sus tumbas, los jueces admiten esos expedientes falsos”, dijo indignado.

Finalmente, el jurista conocido por su postura firme contra el fraude inmobiliario y la corrupción administrativa aseguró que ha entregado todas las evidencias a las autoridades competentes y pidió garantías de seguridad personal.

Advirtió que, si algo le sucede, “queda constancia en un video grabado en vida, donde revelo los nombres de quienes están detrás de esta mafia”, al tiempo que comparó la magnitud del caso con el escándalo de Bahía de las Águilas.