PUERTO PLATA.– La gobernadora provincial de Puerto Plata, Claritza Rochtte, aclaró la situación generada tras el revuelo por la posible mudanza temporal de las oficinas de la Gobernación y la Regional Norte de la Policía Nacional hacia la Escuela de Bellas Artes, medida que ha provocado cuestionamientos en distintos sectores de la provincia.
La funcionaria explicó que inicialmente no favorecía el traslado de las oficinas estatales al centro de la ciudad, debido al impacto que esto podría generar en el tránsito vehicular. Sin embargo, sostuvo que las condiciones del antiguo edificio donde actualmente operan ambas instituciones obligan a tomar medidas urgentes.
Según indicó, luego de una evaluación técnica realizada por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), se determinó que la estructura presenta serios problemas y representa un riesgo para empleados y ciudadanos.
Rochtte aseguró que se emitió un plan de emergencia recomendando evacuar el inmueble antes de que ocurra una situación lamentable.
La representante del Poder Ejecutivo señaló además que fueron evaluadas otras edificaciones disponibles en Puerto Plata, incluyendo el antiguo Hotel Montemar, pero explicó que muchas estructuras no reúnen las condiciones necesarias o se encuentran inservibles.
Asimismo, afirmó que propietarios privados se han negado a rentar espacios para alojar temporalmente a la Policía Nacional, situación que llevó a las autoridades a considerar como alternativa el uso provisional de las instalaciones de Bellas Artes.
La gobernadora explicó que la propuesta ha generado debates en sectores culturales; no obstante, recordó que las instituciones del Estado “no tienen dueños” y que el objetivo principal es garantizar la continuidad de los servicios públicos.
Indicó además que viajó a Santo Domingo para sostener reuniones con representantes del Ministerio de Interior y Policía y coordinar, junto al Ministerio de Cultura, una solución definitiva al problema.
Rochtte reiteró que su prioridad es preservar la seguridad de la población y garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas, incluso si deben operar temporalmente desde instalaciones provisionales.
Finalmente, lamentó la difusión de informaciones erróneas sobre el proceso y aseguró que gran parte de la polémica surgió dentro de las propias instituciones involucradas, defendiendo que las decisiones relacionadas con edificaciones estatales deben tomarse en función del interés colectivo.
