WASHINGTON.- El Departamento de Estado anunció este jueves una nueva ronda de sanciones impuestas por Estados Unidos contra personas y entidades que considera vinculadas al régimen cubano, en particular contra nueve entidades, entre las que figura el Ministerio de la Construcción.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó que estas entidades, principalmente de los sectores minero y metalúrgico, «apoyan el aparato represivo del régimen al ejercer control sobre sectores económicos clave», y anunció otras sanciones dirigidas contra dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
El funcionario estadounidense señaló que hace unos días «el régimen (cubano) intentó aprovechar el centenario de Fidel Castro (…) para reactivar esta red subversiva, enviando a La Habana una nueva brigada de simpatizantes internacionales para que entablaran contactos con responsables del régimen».
Asimismo, se recuerda que el jefe de la diplomacia estadounidense, cuyos padres son de origen cubano, es considerado el principal artífice de la política de máxima presión ejercida por el presidente Donald Trump sobre el Gobierno de la isla.
Desde enero, Estados Unidos mantiene un bloqueo petrolero de facto sobre el país, de 9,4 millones de habitantes, lo que ha agravado la crisis energética ya existente y provoca con regularidad prolongados cortes de electricidad.
El Gobierno estadounidense también ha impuesto una serie de sanciones drásticas, dirigidas en particular contra Gaesa, el conglomerado controlado por los militares y fundado por Raúl Castro en 1995, que constituye uno de los objetivos centrales de la política estadounidense hacia Cuba.
La medida incluye a nueve entidades y tres individuos que el Gobierno del presidente Donald Trump designó como parte de su estrategia para, según el comunicado oficial, «poner fin a las actividades perjudiciales del régimen cubano, tanto en Cuba como en el resto del hemisferio».
La lista de sancionados incluye a Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y uno de los integrantes del grupo conocido como los «Cinco Cubanos», arrestados por las autoridades estadounidenses en 1998.
También fueron incluidos Noemí Ramona Rabaza Fernández, primera vicepresidenta del ICAP, y Leima Martínez Freire, directora para América del Norte de esa organización.
Entre las entidades añadidas en esta ronda de sanciones figuran la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, dedicada a la extracción y procesamiento de níquel y cobalto; MetalCuba, empresa estatal que facilita la importación de productos industriales, incluidos combustibles especializados y componentes metálicos; Geominsal, Grupo Empresarial Geominero Salinero, que desarrolla y comercializa recursos minerales y sal; y Acinox Comercial, empresa estatal dedicada a la importación y exportación de productos metalúrgicos y equipos industriales.
Ante estas medidas, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, publicó en X que Rubio «continúa castigando a empresas cubanas con el propósito deliberado de afectar» la economía e impedir que el Gobierno cubano «garantice los servicios básicos a la población».
Washington acusa a La Habana de financiar, en particular a través de este instituto, «una amplia red en Estados Unidos destinada a identificar, reclutar y radicalizar elementos subversivos que operan principalmente bajo el pretexto de intercambios educativos o culturales».
