El panorama vial en la República Dominicana ha dejado de ser un simple problema de movilidad para convertirse en una verdadera crisis de salud pública. No es una exageración: las estadísticas ubican al país de manera persistente entre los primeros lugares del mundo en muertes por accidentes de tránsito.
El síntoma más visible de este caos es el desbordado uso de motocicletas. Se han convertido en el principal medio de transporte, pero también en el mayor factor de riesgo. Resulta alarmante el alto porcentaje de motociclistas que opera en total ilegalidad: la mayoría carece de licencia de conducir y, por lo tanto, no tiene los conocimientos básicos de seguridad vial. La motocicleta ha pasado de ser un vehículo a un instrumento que, en la práctica, facilita la violación de normas elementales como el respeto al semáforo y a la prudencia.
A esta realidad se suma una fiscalización prácticamente inexistente. La DIGESETT no dispone de suficientes agentes para cubrir la demanda, la vigilancia es esporádica y, en muchos puntos críticos, simplemente nula. Sin una autoridad presente de manera constante, el cumplimiento de las leyes de tránsito ha dejado de ser una obligación ciudadana para convertirse en una decisión individual.
Según un estudio del Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE), titulado Siniestralidad vial en República Dominicana: un problema multifactorial, los accidentes de tránsito constituyen la principal causa de muertes violentas en el país, representando el 46 %, por encima de los homicidios (22 %) y los suicidios (13 %). Se trata de un fenómeno que no solo enluta a miles de familias, sino que también amenaza directamente el desarrollo sostenible de la nación.
Ignorar esta realidad ya no es una opción. La seguridad vial debe asumirse como una prioridad nacional, con controles efectivos, educación ciudadana y un régimen de consecuencias que devuelva el respeto a las leyes y, sobre todo, a la vida.
