PUERTO PLATA. — Altos dirigentes del partido Fuerza del Pueblo en esta provincia, encabezados por la vicepresidenta provincial Eridania Llibre y el secretario general Juan Carlos Quiñones, impugnaron formalmente el proceso interno de elección de la Dirección Central, alegando múltiples violaciones a los estatutos partidarios y a la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Los dirigentes remitieron dos comunicaciones oficiales, en las que solicitan la suspensión inmediata del proceso electoral, señalando irregularidades sustanciales en el padrón de votantes, fallos logísticos y supuesta parcialidad de autoridades internas.

La primera misiva fue dirigida a la Comisión Nacional Electoral (CNE), presidida por el doctor Henry Merán. En ella, los firmantes denuncian que el padrón de miembros habilitados para votar no ha sido auditado, no se ha entregado una versión física certificada, se han realizado cambios constantes en la versión digital y se han incluido personas que, aseguran, no cumplen con los requisitos establecidos. Además, cuestionan la manipulación de direcciones de base y decisiones organizativas tomadas sin consulta previa.

Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia es el rol desempeñado por Francis Vargas, presidente provincial del partido y miembro de la CNE, a quien acusan de organizar y encabezar actividades proselitistas a favor de su corriente interna, incluso en su residencia. De acuerdo con los denunciantes, esta actuación violaría el artículo 28 del Reglamento para la Elección de Autoridades Internas, que prohíbe expresamente a los miembros de la CNE involucrarse en campañas.

En respuesta, el doctor Henry Merán declaró, a través de una nota de voz, que la responsabilidad del padrón recae exclusivamente en la Secretaría de Organización. Ante esto, los dirigentes remitieron una segunda comunicación dirigida al secretario de Organización, doctor Bautista Rojas Gómez (Bauta), reiterando sus denuncias y asegurando que, en el caso de Puerto Plata, no se ha dado cumplimiento al marco estatutario ni a la normativa legal vigente, como habría indicado Merán.

“Nos preocupa que, pese a haber planteado estas anomalías en reuniones previas y por escrito, el partido no haya emitido una respuesta institucional ni haya tomado medidas correctivas. La situación nos obliga a solicitar la suspensión del proceso electoral en esta demarcación, para evitar que se vulnere el principio democrático que debe regir nuestra organización”, manifestaron en la comunicación.

Los dirigentes reiteran su disposición a participar en igualdad de condiciones, pero exigen garantías de transparencia, imparcialidad y cumplimiento de los procedimientos internos, incluyendo un padrón confiable, logística consensuada y la neutralidad de los órganos electorales locales y nacionales.

Las comunicaciones fueron suscritas por 15 dirigentes provinciales, entre ellos varios candidatos a la Dirección Central.