Puerto Plata -. Un residente del sector Cerro Mar en Puerto Plata ha denunciado trabas en el proceso de instalación de paneles solares, señalando a Puerto Plata Electricidad (PPE) como responsable del retraso. Según relata, a principios de septiembre completó el depósito de la documentación requerida a través de la empresa RENSA Dominicana, pero hasta la fecha no se ha liberado el expediente necesario para proceder con la instalación.

El denunciante subraya que los costos de la energía en la zona se han vuelto insostenibles, y el servicio es irregular, con interrupciones constantes y sin una reducción en las facturas de electricidad. Debido a esta situación, junto a su esposo, decidieron invertir en paneles solares para mitigar el impacto financiero.

Sin embargo, a pesar de los múltiples intentos de comunicación, PPE no ha brindado respuestas concretas ni ha permitido que RENSA Dominicana avance en el proyecto. Según el testimonio, tras dirigirse a la Superintendencia de Electricidad, recibieron la información de que otros usuarios también enfrentan demoras similares en proyectos de energías renovables, los cuales estarían siendo bloqueados por PPE y su representante, el Sr. Marco Guridi.

El residente también narró que en una conversación con el Sr. Guridi, este sugirió abandonar el proyecto con RENSA y optar por financiar las baterías directamente con PPE para completar la desconexión del sistema eléctrico tradicional. Ante la negativa de aceptar esta propuesta, el caso sigue estancado.

Además, el denunciante afirmó que en una reciente reunión en la Superintendencia, el Sr. Guridi habría dicho que no aprobaría los proyectos de paneles solares a menos que se le demostrara, legalmente, que estaba obligado a hacerlo, restando importancia al tiempo y los recursos de los usuarios.

La situación ha sido calificada como un abuso por parte de PPE y una violación a los derechos de los consumidores, quienes tienen el respaldo de la ley y los incentivos para el uso de energías renovables. A pesar de esto, las respuestas de las autoridades no han sido satisfactorias, dejando a los afectados sin un claro camino a seguir.