MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra propietarios de club nocturno acusados de trata y explotación sexual
La solicitud de coerción fue presentada contra los propietarios y presuntos integrantes de una red dedicada a la trata y explotación sexual, tras un allanamiento donde fueron rescatadas unas 20 mujeres.
PUERTO PLATA.- El Ministerio Público solicitó medidas de coerción consistentes en 18 meses de prisión preventiva contra los miembros de una red dedicada a la explotación sexual en el centro de diversión nocturna Keobs, propiedad del empresario Luis Carlos Céspedes Herrera, principal acusado del caso.
La solicitud fue canalizada a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), adscrita a la Fiscalía de Puerto Plata.
La medida fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia e incluye además a Rocío Nicole Paulino (Mamasán), Vanesa Sirete Ventura y Madelyn Antorcha Francisco Cortés, señaladas como integrantes de la presunta red.
El fiscal titular, Kelmi Duncan, declaró el caso como complejo, lo que fue corroborado por la titular de la PETT, Joanna Bejarán, y la fiscal adjunta Carmelina Soto.
Las autoridades judiciales persiguen activamente a otra mujer, cuyo nombre no ha sido divulgado, quien estaría vinculada a esta red de explotación sexual.
La Fiscalía de Puerto Plata, como órgano persecutor, realizó el pasado fin de semana un allanamiento en el citado night club, rescatando a unas 20 mujeres, entre ellas colombianas, haitianas y dominicanas, quienes supuestamente eran retenidas a la fuerza por la estructura de explotación sexual y comercial.
El centro de diversión intervenido está ubicado en el edificio Carlos III, en la calle Las Palomas, de la urbanización Cerros del Atlántico.
Protesta
Mientras se conocía la audiencia, un grupo de mujeres que se identificaron como trabajadoras del night club realizaron una protesta en reclamo de la puesta en libertad de sus patrones, alegando que las acusaciones son falsas y que laboran en el lugar por voluntad propia.
El Ministerio Público sostiene que en el establecimiento se incurrió en violaciones a la ley, que se practicaba explotación sexual y que había menores de edad.
