PUERTO PLATA. El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata impuso 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Wandy Pimentel, alias El Chino y/o El Japonés, señalado como presunto autor intelectual de la muerte de Lodizol Alberto de los Santos de la Rosa, conocido como El Cristiano.
El hecho ocurrió el 24 de agosto de 2025, mientras De los Santos compartía con familiares en el malecón de esta ciudad.
El caso fue declarado complejo, tras acogerse la solicitud del Ministerio Público, que también solicitó la prisión preventiva contra Pimentel, procesado por la muerte de El Cristiano, quien falleció a causa de heridas de arma de fuego.
De acuerdo con la investigación, encabezada por el fiscal Juan Alexis Méndez, la víctima fue atacada a tiros y posteriormente falleció a causa de las heridas recibidas.
Las pesquisas del Ministerio Público establecen que el imputado habría participado en la planificación del hecho y suministrado el arma de fuego utilizada para cometer el asesinato, en una acción ejecutada por varios individuos que actuaron de manera concertada.
La investigación determinó que el crimen estaría relacionado con la venta de drogas.
Según el expediente, para ejecutar el asesinato, Wandy Pimentel habría recurrido a los también coimputados Roy David Álvarez y Deivi Luis García Guerrero, alias Capital, así como a Luis Rafael Caballero López, quienes trabajaban con él en Santiago y se trasladaron a Puerto Plata para llevar a cabo el plan.
El imputado habría proporcionado la logística necesaria para cometer el crimen, incluidas las armas, la ubicación de la víctima y las acciones posteriores para destruir el arma homicida.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Leury V. Ureña Morrobel, presentó ante el tribunal múltiples elementos probatorios de carácter documental, testimonial, pericial, material y audiovisual que, según la acusación, vinculan al procesado con los hechos investigados. Entre las evidencias figuran análisis forenses, registros de cámaras de vigilancia y datos extraídos de dispositivos electrónicos.
La calificación jurídica provisional contempla presuntas violaciones de los artículos 265, 266, 295, 296 y 302 del Código Penal dominicano, relativos a la asociación de malhechores y al asesinato, así como de disposiciones de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Con la imposición de la medida de coerción, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público, tomando en consideración la gravedad de los hechos investigados, los elementos de prueba presentados y la necesidad de garantizar la presencia del imputado durante el proceso penal.
La medida impuesta por el juez Romaldy Marcelino Henríquez deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega.
