SANTO DOMINGO.– El partido Justicia Social (JS) conmemora el tercer aniversario de su reconocimiento oficial por parte de la Junta Central Electoral (JCE), con el objetivo de consolidarse como una fuerza política de incidencia y permanencia en la vida democrática del país.
La organización política destaca como parte de sus avances la obtención de representación en gobiernos locales, el aporte realizado entre los partidos minoritarios al triunfo presidencial de 2024 y el fortalecimiento de sus estructuras territoriales.
El reconocimiento legal fue otorgado mediante la Resolución 33-2023 del Pleno de la Junta Central Electoral, publicada en julio de 2023, dando paso al nacimiento formal de la organización política liderada por Julio César Valentín Jiminián.
Desde entonces, el crecimiento del partido ha estado acompañado por la Dirección Nacional, encabezada por Valentín, junto al secretario general Anyolino Germosén, alcalde de Tamboril; el secretario nacional de Organización, Rafael Hidalgo, alcalde de Azua de Compostela; el vicepresidente Benedicto Hernández; y el vicepresidente y exalcalde de Hondo Valle, Nildo César.
A estos se suman dirigentes provinciales, municipales, distritales y comunitarios que han contribuido a la conformación de las estructuras y al desarrollo del proyecto político en diferentes territorios del país.
Del reconocimiento legal a la construcción de una estructura nacional
Ocho meses después de obtener su reconocimiento oficial, Justicia Social participó por primera vez en un proceso electoral, presentando candidaturas en las elecciones municipales de febrero de 2024.
En esos comicios obtuvo 13 alcaldías, 33 regidurías y siete vicealcaldías, resultados que marcaron el inicio de su representación institucional en distintas demarcaciones del país.
Posteriormente, en las elecciones presidenciales y congresuales de ese mismo año, la organización obtuvo 49,419 votos en la boleta presidencial como parte de la alianza RD Avanza, ubicándose entre las principales fuerzas políticas emergentes.
De acuerdo con los resultados oficiales, Justicia Social fue el partido aliado que mayor aporte realizó a esa coalición. Además, obtuvo una diputación al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Como resultado de ese desempeño electoral, la Junta Central Electoral reubicó a Justicia Social del puesto 34 al puesto 10 en la boleta electoral para las elecciones de 2028.
Etapa de organización y consolidación territorial
Luego de la etapa electoral, Justicia Social inició un proceso de reorganización interna orientado a consolidar sus direcciones provinciales, municipales y distritales.
Durante los últimos meses, la Dirección Nacional ha desarrollado una agenda de recorridos por distintas regiones del país, con juramentaciones de nuevas estructuras, incorporación de dirigentes y encuentros de trabajo destinados a fortalecer la articulación política y organizativa.
Este proceso ha contado con la participación activa de las dirigencias territoriales, responsables de impulsar el crecimiento del partido y fortalecer su presencia en las comunidades.
Para el presidente de Justicia Social, Julio César Valentín, esta etapa prioriza la consolidación institucional por encima del crecimiento numérico.
“Aquí hay calidad política. Nosotros no aspiramos, en esta fase, a una organización numerosa; aspiramos a una organización integrada por mujeres y hombres comprometidos con los objetivos estratégicos de construir una sociedad más inclusiva y con un compromiso preferente hacia los sectores más vulnerables”, ha expresado el dirigente durante sus recorridos por el país.
Valentín también ha señalado que uno de los principales desafíos del partido consiste en fortalecer la formación política y preservar la coherencia de su proyecto.
“Los partidos políticos que no se organizan y que no reciben formación conforme a su declaración de principios terminan perdiendo coherencia. Nosotros estamos construyendo una organización con identidad, preparación y vocación de servicio”, sostiene.
Principios, valores y vocación de permanencia
Justicia Social se define como una organización democrática, progresista, humanista, feminista e inclusiva, sustentada en principios como la igualdad de derechos y oportunidades, la justicia social, la transparencia, el fortalecimiento institucional, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.
