Somos un país exportador de mano de obra barata a otros países del mundo. Contamos con una gran emigración asentada en los Estados Unidos, fundamentalmente en el estado de New York, lo que nos hace sensibles a esta temática, ya que no hay un hogar dominicano que no tenga un familiar que se haya asentado en Estados Unidos o en Europa buscando crear nuevas esperanzas de vida, por tanto, no podemos ser indiferentes a lo que actualmente se debate con referencia a la sentencia evacuada por el Tribunal Constitucional en material de migración.
Hemos enunciado responsablemente la necesidad de que nuestro país creara una regulación migratoria como lo tienen casi todos los países del mundo, y que nosotros, había pospuesto por razones políticas por muchos años y por muchos gobiernos.
Si abogamos porque en Estados Unidos puedan nuestros familiares regularizar su status acudiendo a las instancias de lugar, no podemos oponernos a que en República Dominicana, nuestro país, se implemente los mecanismos legales para que los residentes ilegales puedan lograr su estadía legal. Pero en lo que no podemos estar de acuerdo es en el carácter retroactivo de las medidas tomadas por el Tribunal Constitucional y el carácter xenófobo y racista que se coló en esta nueva ley que regirá en el tratamiento a los hijos y nietos de haitianos que nacieron aquí hace mas de 40 años y que han hecho su vida y su realidad como ciudadanos/as dominicanos/as.
Ese concepto de apartheid en la sentencia del Tribunal Constitucional, viene inserto con el comportamiento de los sectores más conservadores y retrógradas que forman parte de este gobierno de Danilo Medina y el PLD y la genuflexa actitud de los componentes de las altas cortes que deben su investidura al secuestro que planificó y llevó a efecto el Dr. Leonel Fernández antes de entregar el poder al Lic. Danilo Medina.
Creemos en la soberana decisión del país de implantar sus propias reglas de juego para controlar, fundamentalmente la emigración haitiana, pero no podemos convertirnos en hostiles a los/as emigrantes que el gran poder económico de los empresarios crearon por años ya que son los que se han beneficiado importando la mano de obra barata que esto constituye, y ahora neguemos lo que por años se dejó al libre albedrío y por ende creó una plataforma familiar que hoy con esta sentencia les niega su condición de nacionales.
Esta sentencia no es sana, crea una condición de enviar un mensaje de confrontación al no reconocer derechos humanos consagrados y de la que somos signatarios y que son esos derechos innatos que se adquieren con el tiempo de residencia en un país, además fomenta una división que se quiere llevar a un nivel de confrontación de patriotas contra antipatriotas, con un criterio perverso y malévolo para tergiversar la verdadera realidad que abarca esta sentencia refractaria que ha divido el pensamiento de la sociedad dominicana.
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