Se han reconocido los perjuicios de los plazos largos para el pago en todos los sectores de la economía.
Pero sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas para las que los largos plazos, impuestos por los grandes compradores, públicos y privados, se constituyen en causa de insolvencia y baja rentabilidad de sus operaciones.
Las Pymes son las grandes generadoras de empleos. Pero también son las más frágiles por su limitación de capital, su escasa liquidez y su bajo poder de negociación frente a los grandes. Que imponen condiciones onerosas de negocio en su perjuicio.
Con auspicio del Parlamento y Consejo Europeos, España ha iniciado la regulación de la morosidad en las transacciones comerciales fijando para el 2013 un límite legal de 60 días máximos para realizar los pagos de facturas de productos y servicios y, no más de 30 días, cuando las mercancías sean perecederas. Prohíbe, igualmente, los pactos “entre las partes” contrarios a esa ley y faculta a las asociaciones a denunciar las prácticas abusivas de las grandes cadenas.
Los objetivos son corregir desequilibrios, favorecer la competitividad y el crecimiento equilibrado de la economía, que permita crear empleos de forma estable.
El congreso dominicano debiera poner atención a la dura realidad de los contratos entre suplidores y deudores comerciales, que tanto afectan la competencia en provecho de deudores casi dueños del mercado, por su enorme poder de compra.
Miles de pequeñas y medianas empresas son sometidas a condiciones de negociación injustas, casi de extorsión financiera. Y nada ni nadie acude en su auxilio.
Fuente: www.perspectivaciudadana.com
