Sucedió con la central Kashiwasaki-Kariwa dañada por un temblor de 6,8 en la escala Richter en julio 2007, 30% menos severo que el de Honshu.
La compañía que manejaba esta central, TEPCO, es la misma de Fukushima, que, con tecnología General Electric construyó hace 40 años el reactor No.1.
Chernóbil es el paradigma de las catástrofes nucleares.
Pero para entender los peligros de la energía nuclear civil hay que recuperar casos como la Central Shika, que administraba la empresa Rikuden de Isao Negahara por ser un gran espejo de la relación negocio-seguridad e interés público.
Con escasa supervisión de la Agencia Japonesa de Seguridad, Shika se la pasaba envuelta en problemas y demandas ciudadanas por inseguridad de la planta. Una de ellas envolvió a 135 vecinos cuya demanda civil prosperó en primera instancia judicial, aunque revertida y desechada por la Suprema Corte, posteriormente, bajo presión gubernamental.
El Director de la Agencia Japonesa de Seguridad en 2006, Kenkichi Hirose, enterado de la decisión del tribunal de primera instancia a favor de los vecinos dijo: “Nunca he pensado que una corte judicial pudiera ordenar el cese de la actividad en una planta”.
Puede verse que para Hirose, y su institución, la ley tiene el límite del negocio y jamás debería interferir la operación de una planta nuclear.
Estas palabras explican el poco caso que Japón hacía a las indicaciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica y su sujeción al negocio en perjuicio de la seguridad.
Alemania, que había prolongado por igual motivo la vida de sus centrales nucleares, acaba de replantearse el problema ante el ejemplo japonés.
Es de preguntarse, ¿cuáles son los límites entre la racionalidad económica y el beneficio y el terreno de la seguridad humana?
Fuente: www.perspectivaciudadana.com
