Las aceras son espacios tan públicos y tan fundamentales como aquéllos, y de mayor uso.
Pero indigna ver cómo los constructores las ocupan, las destruyen y –los más considerados— las reconstruyen al finalizar la obra y a su manera.
¿No hay una normativa sobre el espacio y las dimensiones de una acera? Claro que la hay.
Esa misma normativa, ¿no impide que las aceras sean ocupadas por particulares, destruidas o utilizadas con otro propósito que el de facilitar la vida a la ciudadanía de a pie?
Claro que la normativa es clara en tal sentido, pero no hay quien la haga cumplir.
Constructores indolentes las llenan de materiales de construcción y algunos entienden que ese espacio es poco y ocupan parte de la calle a la cual también deterioran.
¿Y quién les pide cuenta?
Indigna ver a no videntes, envejecientes y personas con discapacidades, embarazadas y gente de todas las condiciones tener que evitar los hoyos, los materiales de construcción, las ventas improvisadas y lanzarse a la calle con el riesgo que ello representa.
¿Quién lleva las estadísticas de las personas que sufren fracturas, lesiones de diversa índole o que pierden la vida arrolladas por un vehículo?
¿Cómo es posible que se permita a tanto negociante indolente violar un derecho fundamental de las personas como lo es el de transitar por sus aceras y disfrutar del espacio citadino?