Las aceras son espacios tan públicos y tan fundamentales como aquéllos, y de mayor uso.

Pero indigna ver cómo los constructores las ocupan, las destruyen y –los más considerados— las reconstruyen al finalizar la obra y a su manera.

 

¿No hay una normativa sobre el espacio y las dimensiones de una acera? Claro que la hay.

Esa misma normativa, ¿no impide que las aceras sean ocupadas por particulares, destruidas o utilizadas con otro propósito que el de facilitar la vida a la ciudadanía de a pie?

 

Claro que la normativa es clara en tal sentido, pero no hay quien la haga cumplir.

 

Constructores indolentes las llenan de materiales de construcción y algunos entienden que ese espacio es poco y ocupan parte de la calle a la cual también deterioran.

 

¿Y quién les pide cuenta?

 

Indigna ver a no videntes, envejecientes y personas con discapacidades, embarazadas y gente de todas las condiciones tener que evitar los hoyos, los materiales de construcción, las ventas improvisadas y lanzarse a la calle con el riesgo que ello representa.

 

¿Quién lleva las estadísticas de las personas que sufren fracturas, lesiones de diversa índole o que pierden la vida arrolladas por un vehículo?

 

¿Cómo es posible que se permita a tanto negociante indolente violar un derecho fundamental de las personas como lo es el de transitar por sus aceras y disfrutar del espacio citadino?