¿CÓMO HACEMOS QUE LA POLÍTICA SEA UN MAL NEGOCIO?
Cuando en los años ´80 del siglo pasado, el profesor Juan Bosch advirtió que para una parte de los actores políticos de entonces la actividad política era vista como un medio para enriquecerse, que la política era un negocio, el liderazgo político, cívico y social de nuestro país no prestó la suficiente atención.
Hoy la política ha devenido en un negocio tanto para muchos de los dirigentes como para otros tantos de los activistas de base o militantes de cualquiera de los partidos mayoritarios. Bajo la cuerda, hemos aceptado que la consigna que prive entre los que se dedican a la política, en sus manifestaciones íntimas, cuando no tienen que dar la cara ante la sociedad, es la de “a mí hay que darme lo mío; o pónganme donde yo pueda conseguir lo mío, o darles lo suyo a los que me siguen”.
Dejemos a un lado la hipocresía; dejemos de mirar para otro lado: la sociedad dominicana ha visto como una casta de dirigentes políticos de todos los partidos dan muestras, en pocos años, de un grado de prosperidad económica que no puede ser justificado a través de la producción de riquezas o los montos de sueldos y compensaciones que legalmente les corresponderían. Este es un asunto serio que está en la base del clientelismo, la corrupción y la impunidad. Y es una afrenta para los cientos y miles de dirigentes y activistas políticos honestos, que no se han enriquecido. Y para los profesionales y empresarios que trabajan largas jornadas para poder lograr cierto nivel de éxito social y económico. Y mucho más para aquellos a quienes sus ingresos apenas les alcanzan para subsistir.
Es el momento de hacer algo al respecto. Por una parte tendríamos que obligar a todo el mundo a dar cuenta del origen de sus bienes y del sustento de sus gastos. Eso está definido en nuestras leyes. Y la violación de los cánones legales sobre esta materia tiene nombre: enriquecimiento ilícito. Ese es un tema para actuar. Comenzando por acciones administrativas, que corresponderían a la autoridad tributaria.
Continuando por el Ministerio Público, que tendría que poner en marcha los dispositivos de los Códigos Penal y Procesal en cuanto a esta materia. Y la sociedad, los órganos de vigilancia y control de la calidad de la gestión pública desde la sociedad civil tendrían que ser más proactivos en este sentido, exigiendo que se abran investigaciones y procesos en aquellos casos que el rumor público o las denuncias particulares señalen como pasibles de haber delinquido. Necesitamos una sociedad que cumpla la ley. Comencemos por sanear las cosas entre aquellos que están llamados a velar por el interés general. Es sólo cuestión de aplicar la ley.
Fuente:www.perspectivaciudadana.com
