Ramón hizo su reclamo el día cuatro de febrero. Seis días después, medios impresos y digitales difundían la noticia de la firma de un convenio interinstitucional entre Pro Consumidor y la Fiscalía del Distrito Nacional, “mediante el cual se pone a disposición de Pro Consumidor las Fiscalías Barriales, para que en lo adelante sean agentes de recepción de denuncias contra comerciantes que violen la Ley General de Protección a los Derechos del Consumidor”.


Presumo que el convenio fue una iniciativa de Pro Consumidor, en particular de su directora, la periodista Altagracia Paulino, quien, desde hace muchos años ha venido abogando por los derechos de los consumidores frente a toda clase de abusos y desconsideraciones de muchos comerciantes, a través de varios programas de televisión en los que ha trabajado y producido y mientras encabezó la organización no gubernamental Fundación por los Derechos del Consumidor -Fundecom-.


Al decir esto no quiero restar méritos a la Fiscalía del Distrito Nacional que acogió –si mi presunción fuera cierta- la iniciativa de Pro consumidor.


El convenio entre ambas instituciones estatales empodera a los ciudadanos capitaleños más allá del negocio del gas. Lo que está bien y habla mejor de estas dos agencias estatales. Ojalá pudiera extenderse a otras ciudades del país y se integraran los gobiernos locales.


No creo que el reclamo de Ramón del 4 de febrero ni el beneplácito de ciudadanos y ciudadanas por el coraje mostrado por ProConsumidor indujera a la firma de este convenio, pero me gustaría creerlo.


Fuente: www.perspectivaciudadana.com