El ejercicio de ciudadanía es inherente al derecho que otorga la Constitución de la República a cada ciudadano para poder otorgarle la salvaguarda de sus intereses individuales. La evaluación permite la capacidad crítica frente a las acciones de un gobierno, pero con la exigencia democrática de rodear cualquier juicio sobre una acción que facilite las máximas garantías.
Cualquier ciudadano, o cualquier empresa, dentro del marco de unas reglas de juego claras, emanadas de políticas públicas coherentes, pueden asumir con responsabilidad el juego democrático, siempre y cuando no se pretenda imponer acciones en contra de las leyes que le protejan.
De ahí que el coherente llamado del ciudadano y compueblano, Hugo González Troche, sobre la realidad que se cierne en las inversiones locales, si se acepta como válido, la violación a la ley, de dejar que se construya un expendio de combustibles a menos de 100 metros de otra estación, constituye per se, no sólo un mal precedente, si no una flagrante imposición, que atenta contra la libre empresa, el derecho que otorga las leyes a cada ciudadano y la inobservancia compromisaria al respeto a los derechos de ciudadanía que emana de las políticas públicas que deben ser respetadas por un Alcalde electo mediante el voto mayoritario de la gente.
El reclamo de la empresa Sagonza y de sus ejecutivos, no está basamentada en privilegios ni en confrontaciones ideológicas o políticas, si no en el cumplimiento de la Ley, y llama la atención, que aún por una mayoría de la Sala Capitular que resolutó parar la construcción de esta Plaza, que disfraza el verdadero objetivo, que es el de instalar un expendio de combustibles, no emanó del Alcalde de inmediato la orden de su paralización, tal y como había sido resolutado por este organismo edilicio, sin embargo de último minuto nos llena de optimismo conocer, que por fín fue notificada la empresa de combustibles Coastal, desarrolladora de este proyecto, para que paralizaran esta construcción, para ser evaluados, como manda la ley, estos permisos.
Es importante recordar que el Propietario de la compañía Coastal suplidora de combustibles, es el Lic. Luis Manuel Bonetti, Secretario Administrativo de la Presidencial, quien viabilizó estos cuestionados permisos y que ha hecho acuerdos financieros con la empresa que representan los hermanos Ramos Peralta, que se han acodado a la sombrilla de “facilidades” emanados desde el Palacio Nacional.
.Pienso que un ayuntamiento no está para obstaculizar inversiones que se presenten y que a la vez favorezca el desarrollo de su comunidad, pero tampoco está para violar la ley, favoreciendo a unos para dañar a otros, lo que sería degradar el debate hacia acciones condenables y diluir la discusión de las cosas fundamentales que deben emanar de sus ejecutorias, a un simple manejo de imposición de poder político, lo cual entendemos debían estar superados; de ahí que por la sensatéz que debe fluir con el asentamiento que cada día debemos esgrimir, como parte de la democracia, la cual ha costado tantos sacrificios y luchas para su instauración y respeto, en estos 50 años de participación, denuncias, confrontaciones y conquistas, la cual debemos comprometernos cada día a defender, para que a nadie se le ocurra, por más poder político que tenga, violar estos principios básicos de co-existencia, para seguir trazando el camino de la paz.
Confiamos que los postulados que esgrime la familia González Troche de respeto a la ley, sea oído, valorado y respetado atendiendo los principios consagrados en la Constitución, el estado de derecho y la gobernabilidad.
