PUERTO PLATA.- Alrededor de una docena de ciudadanos que desde hace años laboraban para una compañía de seguridad privada, protestaron frente a las oficinas de esa institución en esta ciudad, demandando del pago de salarios atrasados.
Esta manifestación se produjo al caer la tarde de este viernes, frente a las instalaciones de la compañía Servicios Profesionales de seguridad (SEPROSA), ubicada en la calle segunda de la Urbanización Codetel de Puerto Plata.
Pero la mayor sorpresa que se llevaron estos vigilantes privados, es que cuando fueron a reclamar ante la administración la regalía pascual y siete quincenas atrasadas, los ejecutivos de SEPROSA optaron por cancelarlos a todos.
Ante esta decisión violatoria a los derechos de los trabajadores, los vigilantes privados afectados, se encolerizaron e incendiaron neumáticos en la misma puerta de esa compañía de seguridad, que para colmo de males se supo que hasta de propietarios y de nombre cambió, ya que ahora se llama SELACEN.
Los vigilantes afectados por esta problemática son: Ludovino Reyes, Juan Bautista Suárez; Nelson González Valdez, Víctor Manuel de Jesús, Heriberto Geraldino, Héctor Julio Almonte, Rigoberto Estevez, Cristian de Jesús Osoria, Luis Alberto Sánchez, Félix Manuel Mejía y Beato Guzmán, quienes exigieron de las autoridades del Ministerio de Trabajo en Puerto Plata que le apoyen en esta lucha por su reivindicaciones laborales que le corresponden por ley.Desde hace más de cinco meses se ha denunciado que varias compañias de seguridad en Puerto Plata y otras localidades de la Costa Norte, estarían maltratando a los ciudadanos que trabajan en la mismas, a los cuales ni siquiera dotan de un seguro médico y los obligan a cumplir horas extendidas mas allá de las ocho horas reglamentarias como estipula el Código Laboral Dominicano.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, los representantes del Ministerio de Trabajo en Puerto Plata no hacen nada en torno a esa explotación laboral debido a que estas compañías de seguridad privada son propiedad de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, lo cual va en contra de los estatutos orgánicos de esos cuerpos castrenses.
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