Este martes (mañana) el juzgado de instrucción de Puerto Plata celebrará una nueva audiencia en el proceso que se sigue a Gabriel Antonio Mora, mejor conocido como Canoa, Concejal (regidor) del Ayuntamiento de Sosúa por rellenar con materiales la Laguna de Cabarete, declarada monumento natural por la Ley de Áreas Protegidas.
El 27 de diciembre del 2008 a las 11:30 de la mañana, dice la acusación de la Procuraduría Ambiental de Puerto Plata, Canoa “penetró el área protegida, haciendo uso indebido de dicha área, rellenando con materiales una extensión de terreno de 1,143 metros, cubriendo con ellos la laguna y humedales”; y además “removió, hizo cambio y uso de suelo sin ningún permiso, destruyendo flora y fauna”.
Las autoridades ambientales alegan además que el imputado ha venido cometiendo esta infracción “en diferentes fechas, con la finalidad de invadir dicha área protegida, para luego vender como solares”.
El 28 de diciembre Canoa fue detenido y el periódico puertoplatadigital.com, públicó una nota dando cuenta del hecho e informando que el regidor había sido sorprendido rellenando esos terrenos, según explicó el Procurador Ambiental, Jesús Suero Álvarez.
Ese día, según la misma nota, el apresado dijo a los periodistas que se trataba de terrenos privados titulados que les pertenecen.
Fue puesto en libertad y se le impuso como medida de coerción acudir presentarse a la fiscalía periódicamente.
En septiembre fue presentado el escrito de acusación y la solicitud de apertura de juicio. Se le acusó de limpiar y rellenar con materiales la laguna y al hacerlo violó 18 artículos de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y 9 de la Ley 202-4 sobre Áreas Protegidas.
Entre las posibles sanciones se incluyen hasta tres años de prisión, la incautación de equipos utilizados y la destrucción de construcciones levantadas.
UN ACUERDO CUESTIONABLE
Aunque Canoa es señalado por las mismas autoridades ambientales como un persistente infractor que ha causado daños a la Laguna de Cabarete, la Dirección Provincial de Medio Ambiente sorprendió a todos el 13 de en noviembre, poco antes de la audiencia del caso que tuvo lugar el 7 de diciembre, con un acuerdo presentado como una decisión de las partes de “poner término a sus diferencias” sobre la base de que el imputado estaba en disposición de cumplir con las estipulaciones de la ley.
En ese pacto Canoa se obligaba a destruir 5 casas construidas en el área protegida y a emprender un programa de reforestación con mil árboles.
Fuente: www.elcaribe.com.do