Más de treinta sindicatos del sector portuario convocan a un paro general de labores en protesta contra medidas que buscan obligar a las organizaciones sindicales a pagar contribuciones vinculadas a la gestión de residuos sólidos._

Santo Domingo.– La Federación Dominicana de Trabajadores Portuarios (FDTP), junto a la Federación Portuaria de Haina y más de treinta sindicatos afiliados del sector, anunciaron la convocatoria a un paro general de las labores portuarias para los días ___ del presente mes, como forma de protesta ante lo que califican como medidas injustas que pretenden obligar a las organizaciones sindicales a asumir el pago de tasas, multas y otras contribuciones vinculadas a la gestión de residuos sólidos.

La convocatoria surge en rechazo a la aplicación de disposiciones contenidas en la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, promulgada el 30 de septiembre de 2020 y posteriormente modificada por la Ley No. 98-25 del 15 de diciembre de 2025, las cuales —según sostienen las organizaciones sindicales— podrían convertir a los sindicatos en sujetos obligados al pago de contribuciones por concepto de manejo de residuos.

El sector sindical portuario sostiene que su labor se fundamenta exclusivamente en el esfuerzo físico de los trabajadores que diariamente operan en los muelles y puertos del país, contribuyendo al dinamismo del comercio y al crecimiento económico nacional.

El secretario general de la Federación Dominicana de Trabajadores Portuarios (FDTP), Silvio Ureña Mendoza, afirmó que la medida resulta desproporcionada y lesiona los ya limitados recursos de los trabajadores del sector.

“El sector portuario es un proveedor de servicios basado en la fuerza física de sus trabajadores. El único ‘desecho’ que producimos es el sudor que dejan cada día en los muelles para aportar al crecimiento económico del país. Pretender imponer a los sindicatos el pago de contribuciones por residuos resulta irracional, desproporcionado e injusto”, expresó Ureña Mendoza.

Las organizaciones sindicales advirtieron que la imposición de este tipo de cargas económicas por el solo hecho de poseer personería jurídica, otorgada por el Código de Trabajo, representa —a su juicio— una vulneración de principios constitucionales que reconocen el trabajo y la dignidad humana como pilares del Estado social y democrático de derecho.