Defendió la facultad del ayuntamiento en ese aspecto y afirmó que está sustentada en la  Ley 176-07. Agregó que la familia Musa, propietaria de Telecable Puerto Plata y de varias emisoras de radio en esa provincia, fue demandada por la mencionada empresa Ámbar Cable TV, cuya propiedad se atribuye al senador Francis Vargas. Añadió que Vargas también incluyó al ayuntamiento en la demanda.

 

Subrayó que Vargas presuntamente intentó que no se aprobara la renovación del contrato a través de varios regidores "de su grupo".

 

"Él (Vargas) alega un supuesto monopolio que realmente no existe porque el cabildo de Puerto Plata le ha concedido permisos a diferentes empresas, Tricom, Codetel, Orange, Viva y Costambar para fines de Telecable", significó.

 

Acusó al senador de esa provincia, Francis Vargas, de ser propietario de la empresa Ámbar Cable TV y de utilizar como testaferros a un tío y otros parientes.

 

Castellanos Ruano relató que al vencerse el contrato de Telecable Puerto Plata la compañía solicitó al ayuntamiento la renovación por diez años y la mayoría de los regidores acordaron aprobar el convenio con duración de 15 años.

 

Añadió que los ediles tomaron la decisión tomando en consideración el trabajo comunitario realizado por Telecable Puerto Plata en el municipio. La empresa opera desde 1998.

 

"Nosotros siempre hemos sostenido que el que no tiene nada que ocultar, no tiene por qué esconder las cosas, y es lo que él (Vargas) ha hecho, es de público conocimiento de todo el mundo en Puerto Plata", manifestó.

 

"Su declaración jurada de bienes es de 14 millones de pesos. Él (Vargas) no tenía dinero antes de eso, inclusive, según informaciones que hemos recibido, estuvo en el Cicla por una deuda de 500 mil pesos, y de repente aparece con 14 millones", enfatizó.

 

Negó que la familia Musa esté detrás de la acusación que le formuló a Vargas la Federación de Lucha Contra las Drogas (FEDELUC).

 

Dijo no conocer esa entidad pero que gestiona una copia de la acción con la finalidad de para ver "qué elementos podemos extraer que sean de nuestro beneficio".

 

"La mansión que tiene el senador hay que verla, eso es despampanante, un cuerpo del delito viviente, un insulto a la inteligencia de Puerto Plata y la sociedad. Según han estimado ingenieros ronda 25 millones de pesos", subrayó.

 

"Todo el mundo se está cuestionando de dónde surgieron esos bienes de la noche a la mañana, si fue que cayeron del cielo", afirmó.

 

Castellanos Ruano agregó que supuestamente Vargas posee otras propiedades, entre las que citó una estación de radio que le habría comprado al señor Rafael Villanueva (Papito).

 

Cuando se le preguntó si no corresponde al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) conceder licencias para la operación de televisión por cable y no a los ayuntamientos, Castellanos Ruano dijo que cuando una ley de naturaleza especial choca con otra similar, hay que establecer el alcance de cada una.

 

Añadió que la Ley 176-07 le reconoce a los ayuntamientos el manejo del suelo y la potestad normativa y reglamentaria. Indicó que además, se toma en consideración las inversiones realizadas por las compañías.

 

VARGAS RESPONDE

 

Mientras, Cándido Simó Polanco, abogado del senador Vargas, dijo que Castellanos Ruano es cuñado de los propietarios de Telecable Puerto Plata.

 

"Cuando sale el abogado de los Musa significa que hay un problema de competencia empresarial", afirmó.

 

Manifestó que la compañía Ámbar TV a la que estaría vinculado el senador Vargas, no ha iniciado sus operaciones.

 

Subrayó que el artículo 50 de la Constitución dice que no se permitirán monopolios, salvo que sean a beneficio del Estado y que debe hacerse por ley. "El monopolio de la empresa privada está proscrito constitucionalmente", afirmó.

 

Significó que la resolución renovando el contrato con Telecable Puerto Plata fue aprobada "acostándose las gallinas en la gestión anterior y le da exclusividad por quince años a esa empresa, lo que es inconstitucional".

 

Añadió que cuando Ámbar TV, que preside el señor Benjamín Rodríguez, "ellos (los Musa) boicotearon el amparo y comenzaron a hacer comentarios descompuestos en los medios que maneja el grupo Musa, hablando cosas inadecuadas de la jueza que se inhibió". Simó dijo que cualquier magistrado procederá a anular la resolución de referencia

 

Agregó que el presidente de la Federación de Lucha Contra las Drogas, Francisco Núñez Cáceres "no pudo articular una frase del expediente acusatorio lo que significa que no lo hizo él. Yo sé quién redactó esa instancia, dónde se reunieron, quiénes estuvieron e incluso planificaron lanzarla en el momento en que Francis estaba fuera del país".

 

Indicó que, al parecer, ignoraban que el legislador acostumbra a darle el frente a los problemas y que al enterarse se encontraba en Nueva York y regresó al país.

 

Cuando le pidieron que identificara a los autores de lo que califica de campaña contra Vargas, expresó: "evidentemente que ya salieron a la luz, en el tema empresarial está el grupo Musa y en el político Ginette Bournigal, que está como testigo, quien debió presentar la denuncia".

 

Resaltó que el Código Procesal Penal prevé acciones colectivas por interés difuso, y que señala que puede accionar una entidad de la sociedad civil siempre que su función tenga afinidad con el tema que se trate.

 

(Fuente: z1o1digital.com).