PUERTO PLATA.- La Iglesia Católica advirtió que se estaría secuestrando la democracia si es aceptada la modificación del párrafo 3 del artículo 85 del Código Procesal Penal que despoja a la ciudadanía del derecho de presentar querellas contra funcionarios gubernamentales.
 
La ponderación de la grey eclesiástica está contenida en el editorial de la edición de ayer domingo del semanario Camino titulado “Impunidad blindada”, en el que analiza las reacciones que ha provocado ese intento del Congreso Nacional de amordazar a la ciudadanía para que no se denuncien las irregularidades cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
 
Según lo expresado en el periódico semanal que es vocero escrito de la Iglesia Católica en toda la región Norte, para muchos políticos dominicanos la democracia es una comedia “y van de circo en circo siendo protagonistas de acciones paralelas al camino de la justicia social”.
 
Indica que los políticos dominicanos han creado su propio mundo “arropados en la legitimidad que un día el pueblo puso en sus manos y ellos traicionan a cada instante” y que al intentar secuestrar la democracia, con dicha modificación se les daría licencia “para que ellos hagan lo que quieran con el erario público”.
 
El semanario católico Camino, destaca que mientras en Latinoamérica y otras partes del mundo crecen los mecanismos de supervisión y veeduría para contrarrestar la corrupción en la administración pública “en la República Dominicana vamos eliminando lo poco que hemos conseguido en esta materia, y es muy lamentable, porque en la sociedad nuestra ha ido echando raíces la cultura de la permisividad”.
 
La Iglesia Católica considera que la lucha por la transparencia debe continuar en el país “aunque las fuerzas del mal quieran aplastar a quienes creen y trabajan por un mundo mejor y recomienda al Poder Ejecutivo escuchar las voces que reclaman la no modificación del artículo 85 del Código Procesal Penal””.
 
De acuerdo a lo que plantea el periódico Camino, ese cambio que pretenden hacer los congresistas “incentivará la malversación de los fondos públicos, blindando de impunidad a malos dominicanos que usan la democracia para sus intereses personales y grupales.