PUERTO PRÍNCIPE — Los hombres armados que invadieron el barrio de Christelle Pierre en julio la obligaron a tomar una difícil decisión: correr o morir. Estaba embarazada de 6 meses de su primer hijo. Los hombres eran miembros de una de las despiadadas bandas criminales que campan a sus anchas por esta ciudad. Pronto incendiaron el barrio, que quedó reducido a sus cimientos.

La vi allí el mes pasado, un par de días después de que hubiese dado a luz encima de un cartón en un parque público. Los pañales de tela, los delicados arrullos y el colchón para el bebé que había estado guardando con todo el cuidado se habían quemado. También había perdido a su marido. Los gánsteres que invadieron su comunidad lo mataron de un disparo en la cabeza y dejaron su cuerpo entre las llamas, también.

“No puedo quedarme en la calle con un bebé, pero no tengo adonde ir. No hay centros de acogida, comida, medicinas ni trabajo. Solo hay caos en este país”, me dijo.

Haití va en caída libre.

La persona más poderosa aquí es el jefe de una banda criminal al que se lo llama por su nombre de guerra: “Barbecue” (nombre civil: Jimmy Chérizier). Sus hombres han levantado barricadas de fuego que impiden la distribución de las fuentes de combustible y alimento del país. Las bandas, la mayoría de ellas ligadas a líderes políticos y empresariales, han dejado prácticamente paralizada la economía de Haití al interrumpir la circulación del combustible y los alimentos. El hambre está aplastando a muchas familias. El cólera, que ya mató a unas 10.000 personas aquí, se está extendiendo otra vez.

Oficialmente, el gobierno de Haití lo dirige un primer ministro en funciones profundamente impopular, Ariel Henry, quien llegó al poder con el apoyo de Estados Unidos y otras importantes fuerzas regionales tras el magnicidio del anterior presidente hace más de un año. Él y sus apoyos internacionales han ignorado una propuesta planteada por una coalición de asociaciones de la sociedad civil haitiana dirigida a la formación de un gobierno interino más representativo y a allanar el camino para la vuelta a la democracia. Las manifestaciones en las calles exigiendo su dimisión han convulsionado las grandes ciudades durante semanas. Las condiciones de seguridad son tan nefastas, que el pasado viernes Henry pidió una misión internacional de seguridad para ayudar a la desbordada policía a retomar el control de las calles.

A pesar de su aparente complejidad, la agitación actual gira sobre la misma pregunta motriz de casi todas las crisis en la isla en los últimos 230 años: ¿quién gobernará Haití? ¿Y alguna vez tendrán los haitianos la posibilidad real de resolver esa pregunta por sí mismos, o una vez más será gente de fuera quien desempeñe ese decisivo papel en el futuro del país?

Es una pregunta con la que llevo lidiando desde la primera vez que me mandaron a Haití como joven reportera de The New York Times. Fue en 2004, en vísperas del bicentenario de la independencia de Haití tras la única rebelión moderna con éxito del pueblo esclavizado. A raíz de mis experiencias en Haití, la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos que han sido antiguas colonias en el sur del mundo pasaron a ser temas centrales en mi trayectoria como corresponsal en África y Asia. Y fue la cuestión de la autodeterminación la que me trajo de nuevo aquí. Hacía mucho tiempo que Haití obtuvo la independencia, pero ¿dónde estaba su verdadera libertad? Hacía tiempo que celebraba elecciones, pero ¿dónde estaba su verdadera democracia?

En aquel momento, Jean-Bertrand Aristide, un carismático exsacerdote católico que se había convertido en el primer presidente electo democráticamente del país, se enfrentaba a una ola de protestas, algunas de ellas respaldadas por sus viejos enemigos de la minúscula élite rica del país y antiguos devotos aliados que ahora lo consideraban cada vez más burócrata. La última vuelta de las elecciones al Parlamento no se había celebrado aún, y Aristide estaba gobernando básicamente por decreto. Estados Unidos y los socios europeos paralizaron la entrega de cientos de millones de dólares en ayuda que les habían prometido, como forma de presión política. Los activistas por los derechos humanos dijeron que Aristide estaba dando poder a las bandas callejeras para proteger su gobierno e intimidar e incluso matar a sus críticos.

De pronto caí en esta compleja historia. Cuando eres una reportera que cubre la actualidad diaria y estás ante una gran primicia, es fácil perderse con los detalles graduales. Me pasaba los días en la calle entrevistando a personas comunes, en su mayoría leales a Aristide, quien provenía de los arrabales de la ciudad. Su enfado era palpable, y derivaba en violentos enfrentamientos en las calles.

Como muchos corresponsales extranjeros en el Haití de entonces, me pasaba las noches aprendiendo cosas sobre el país, con jóvenes haitianos que eran como yo: de veintitantos años, que habían estudiado en América del Norte, que hablaban inglés y francés con fluidez y de mentalidad cosmopolita. Sus padres ricos poseían empresas amenazadas por las políticas redistributivas de Aristide, y apoyaban a los partidos y candidatos políticos que querían expulsarlo del poder. Alrededor de infinitas botellas de cerveza Prestige y bandejas de pollo djon djon, sus puntos de vista moldearon, quizá inevitablemente, los míos, suavizando un poco la cruda realidad de lo que estaba teniendo lugar: una usurpación de la voluntad de la mayoría del pueblo haitiano.