Potentini dijo que de esta manera el Ministerio Público  obteniene informaciones y testimonios vitales para hacer más efectiva la acusación y sobre todo con el objetivo de incorporar y apresar otros implicados en el delito a perseguir.

 

Calificó las negociaciones entre la fiscalía del Distrito Nacional y las imputadas, Nin Batista y Sobeida Feliz Morel, como normales al tenor de las disposiciones del Código Procesal Penal, garantizando al Ministerio Público la posibilidad de llegar hasta los autores intelectuales y cabezas principales de la red Figueroa Agosto.

 

Señaló que estos autores hasta el momento están sumidos en el anonimato, y al día de hoy bajo la responsabilidad del Ministerio Público, el trasparentar los acuerdos arribados y sacrificar las vacas sagradas involucradas en la comisión del delito de referencia.

 

Manifestó que la Fundación Justicia y Transparencia entiende que el caso Figueroa Agosto pone al desnudo algunas de las debilidades del Código Procesal Penal y de la justicia dominicana, que no han dado repuesta eficiente al sonado proceso de narcotráfico y lavado de activos, imponiéndose una necesaria reflexión que “nos lleva como sociedad a considerar la inminente revisión y modificación de nuestra normativa procesal penal”.

 

La FJT, entiende que un tema a contemplar ante la eventualidad de modificar el código, lo sería el establecimiento de un sistema de protección de victimas, testigos y colaboradores, como existe en otras naciones, garantizando la integridad física y seguridad de quienes participan de acuerdos con el Ministerio Público.