NEW YORK:-El presidente del Comité Provincial de Puertoplateños Residentes en Estados Unidos (COPROPUSA, ingeniero Jesús Burgos, mostró su disposición de gestionar la intervención del asambleísta Adriano Espaillat y de los concejales Guillermo Linares, Idanis Rodríguez y otros para que medien para que la Dirección General de Aduanas levante la prohibición contra las confecciones usadas que envían los dominicanos residente en el exterior a sus familiares.
 
Burgos informó por la vía telefónica que había sido contactado por consolidadores de cargas para que los oficiales electos de origen dominicano de New York y otros estados de la Unión norteamericana intervengan en la solución del problema que mantiene varados cientos de furgones en los puertos de Haina, Puerto Plata y  Santiago, debido a la amenaza de la Dirección General de Aduanas de incautar las ropas y calzados usados importados de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.
 
El máximo dirigente de COPROPUSA dijo que aceptó mediar en virtud de que se trata de un problema que afecta a la diáspora dominicana en Estados Unidos, donde miles de dominicanos están demandando de las autoridades de Aduanas de la República Dominicana que permitan que las confecciones, los calzados y los alimentos que remitieron a sus familiares por medio de las mudanceros sean desaduanizadas sin ser retenidas para que sean entregados a la mayor brevedad posible en sus respectivos destinos.
 
El dirigente comunitario criollo radicado en la Gran Manzana criticó el hecho de que los mudanceros no hayan orientado tanto a los emisarios de las cajas y los tanques que remitieron a sus familias como a la opinión pública, para que sepan que ellos no son responsables del tranque que se han presentado ni de la tardanza en entregar los paquetes, sino la decisión del principal organismo aduanal del país que, en una actitud proteccionista a favor de la industria textil ha penalizado a los destinatarios de las mercancías.
 
Jesús Burgos, reveló que aceptó acompañar a los dominicanos emisarios de las mercancías, porque se está penalizando a miles de familias pobres que en toda la República Dominicana son las beneficiarias de los envíos de ropas y alimentos y a los mudanceros, porque sus empresas se irían a la quiebra, dejando sin trabajo y sin pan a 140 mil personas que laboran directa e indirectamente en las mismas, tanto en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, así como en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y otras ciudades.