GOBIERNO PENSIONA LOCUTORA PUERTOPLATEÑA MINERVA VARGAS
El Poder Ejecutivo pensionó este lunes a la locutora puertoplateña Minerva Vargas Luciano junto a otro grupo de 25 profesionales del microfono que fueron tomados en cuenta para recibir un sueldo de RD$25,000.00 por dedicar sus vidas a esta labor en diferentes pueblos de República Dominicana.
La disposición emanada del Presidente Leonel Fernández, en ocasión de celebrarse este lunes el Día Nacional del Locutor, está contenida mediante el decreto 236-11 mediante el cual el mandatario reconoce la labor de los profesionales del micrófono, quienes han hecho significativos aportes a las libertades públicas.
La locutora Vargas Luciano laboró por más de 30 años en la emisora La Voz del Atlántico propiedad del fenecido empresario radial Antonio Baduí.
Además, de Minerva, fueron beneficiados con una pensión los locutores Pedro Melo, José Antonio Peña Guerrero, Aquilino Terrero Ureña, Ramón Gaspar Rodríguez Rodríguez, Rafael Taveras López, Antonio Fermín Polanco Martínez, Sergio Lendof Martínez y Juan Antonio Saint-Hilaire Pilarte.
Además, Lourdes Esperanza Sánchez de Rodríguez, Ramón Antonio Lescalle Francisco, Santiago Noel Disla Tejeda, Ramón Antonio de Jesús Taveras García, Juan Martín y Dania Guerrero.
Otros favorecidos por el decreto presidencial son José Hamburgo, José Rafael Dorville Jiménez, José Manuel Escarfuller Cabrera, Francisco de Jesús García García, Lilliam Esther León C. de Cabrera, Lloyd Cristóbal Capellán, Alcibíades de la Rosa Domínguez, Norma Beatriz Graveley Hernández y Alejandro Vargas Pérez.
Además se benefician de este decreto los locutores Juan Eugenio Villar y Luis Santiago Fernández Portorreal.
La mayoría de los locutores beneficiados tienen una avanzada edad y han dedicado toda su vida a la locución.
En su artículo 2 el decreto establece que solo se podrán beneficiar aquellos que no estén disfrutando de otra pensión del Estado, y precisa que en tal caso, los beneficiados podrán escoger la pensión que más le favorezca.
Dichas pensiones serán pagadas con cargos a los fondos de pensiones y jubilaciones del Estado y efectivas en tres meses a partir de la fecha de emisión de este decreto.
