CORTE APELACIÓN PUERTO PLATA ANULA SENTENCIA CONTRA ABOGADA URSULINA DÍAZ
La Corte de Apelación del departamento Judicial de esta Jurisdicción anuló ayer la sentencia que condena a 30 años de prisión a la abogada Ursulina (Úrsula) Díaz Martínez, a un ex mayor de la Policía Nacional y un empresario gallero, los cuales estaba acusados por la Policìa Nacional de constituir una asociación de malhechores.
No obstante, dicho tribunal rechazó los recursos de apelación interpuestos por Díaz Martínez; el ex mayor Freddy Altagracia Guillen y el empresario Franklin Domingo (El Gallero) Hidalgo, en relación a la medida de coerción que pesa en su contra.
Esto así, explica la sentencia de la Corte de Apelación de Puerto Plata, porque no ha variado los presupuestos que dieron origen a la misma.
La Corte de Apelación de Puerto Plata decidió anular la sentencia, impuesta a los imputados el 14 de diciembre último, por considerar que a los imputados se les violaron sus derechos fundamentales.
En la ocasión, Díaz Martínez, Hidalgo y Guillen fueron sentenciados a 30 y 20 años de prisión por el tribunal colegiado de la Cámara Penal de Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, que los encontró culpables de los cargos que se les imputan, principalmente de asociación de Malhechores.
Durante el proceso de apelación a la sentencia condenatoria, los abogados de la defensa alegaron que las pruebas presentadas al tribunal por el ministerio público fueron obtenidas de manera irregular.
La Corte de Apelación ordena además que a los imputados se le celebre un nuevo juicio ante el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, para una nueva valoración de pruebas.
La sentencia de la Corte está firmada por los magistrados, Xiomara Tineo Reyes, Míguenla De Jesús Beard Gómez, Alcides De Jesús Matías Cueto y Juana R. Polanco Surun.
En el proceso los inculpados estuvieron representados por los abogados Altagracia Serrata, José Luís Silverio, Aylin Corsino Núñez y Edwin Rafael Toribio. Estos dos últimos en calidad de defensores públicos.
