Esta Ley derogará la 55-93, según fue sometida a ese organismo por el vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque.

 

El Director Ejecutivo de COPRESIDA, doctor Gustavo Rojas Lara,  defendió el derecho de estos grupos de solicitar del Congreso Nacional la aprobación de dicha ley.

 

Rojas Lara habló en estos términos en el transcurso de una rueda de prensa, acompañado de representantes de la red de personas que viven con VIH.

 

Además, de la Alianza Solidaria para la Lucha Contra el SIDA, la Coalición ONG-SIDA, el Centro de Promoción y Solidaridad Humana, la Colectiva Mujer y Salud, Amigos Siempre Amigos, el Centro de Investigación y Apoyo Cultural.

 

Igualmente, el Instituto Nacional de la Salud, el Circulo de Mujeres Discapacitadas, el Instituto de Apoyo a la Juventud, y el Movimiento Social y Cultural para los Derechos de los Trabajadores Haitianos.

 

Las organizaciones citadas enviaron una comunicación a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, doctores Reinaldo Pared Pérez y Julio Cesar Valentín, respectivamente, copia de la cual además fue rimitida a los presidentes de las comisiones de Salud Pública de la Càmara Alta, Luis Renee Canaán Rojas y diputado Víctor Terrero, para que interpongan sus mejores esfuerzos para que se apruebe este anteproyecto de ley.

 

Dijo que esta ley es el resultado de un amplio proceso de consulta en el marco del cual se discutió, ponderó, analizó y concertó su contenido, con la participación de los actores clave, como son el gobierno, representado por los Ministerios de Salud Pública, Trabajo, Educación, Consejo Presidencial del Sida (COPRESIDA), Redes de Personas que Viven con VIH  y la Sociedad Civil, quienes son parte activa de la respuesta nacional al  SIDA.

 

Estas entidades observaron que la legislación de referencia reordena el sector, refuerza la protección de los derechos fundamentales de las personas que viven con VIH y SIDA, haciéndolos coherente con el espíritu de nuestra nueva Constitución y con el marco legal vigente en materia de salud y seguridad social.

 

Esta acción redunda en beneficio de la estrategia de país para dar respuesta al VIH y el SIDA y contribuye, sin temor a equívocos, a la consecución de la meta siete del objetivo de desarrollo del milenio número que consiste en “haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA.

 

Y,  a seguidas, agregan: “en este contexto, tomando en consideración que han transcurrido seis meses desde que el anteproyecto de Ley de VIH y Sida fue sometido a ese honorable Congreso Nacional, tenemos a bien solicitarles priorizar el conocimiento, aprobación de dicho instrumento jurídico especial en materia de VIH Sida, a los fines de dotar al país de un marco legal acorde con los nuevos tiempos y la dinámica realidad de dicha condición de salud, en el ámbito nacional e internacional”.