La petición la hizo el presidente del Frente Nacional de Contadores, licenciado Vicente Rosario, durante una cena de gala que este sector ofreció a Mejía.

 

Rosario dijo que esta cultura de complicidad se instaura en gran parte de las entidades públicas desde el inicio mismo del período de transición.

 

Sostuvo que siempre el futuro funcionario se interesa más en los mecanismos prohijadores de la corrupción, enriquecimiento ilícito, que por  la creación de planes y proyectos que permitan hacer mas eficiente los servicios de la institución que le corresponderá dirigir para beneficio de la sociedad.

 

Señaló, además, que otro tema que llama a la preocupación de los Contadores Públicos es el de los contralores municipales, los cuales ejercen su función sin ningún apoyo institucional, que los hace vulnerables al capricho de sus superiores y les limita el criterio de independencia con que debían actuar en defensa del patrimonio municipal.

 

Observó que la  ley 176-07 que creó la figura del Contralor Municipal tuvo el propósito de corregir las constantes disputas entre síndicos y regidores, con la designación de un funcionario independiente del ejecutivo municipal que pudiera fiscalizar el uso de los recursos del ayuntamiento, pero que el espíritu de dicha ley ha sido burlado por los propios funcionarios al ponerse de acuerdo para el uso indebido de recursos a los que el Contralor no puede oponerse porque depende de uno de esos poderes.

 

Los recursos que manejan los ayuntamientos se verán incrementados a partir del próximo año por la promesa del candidato Hipólito Mejía de elevar gradualmente el porcentaje hasta un tope del 10% del presupuesto Nacional y es necesario establecer mecanismos que permitan un control más efectivo en su aplicación señaló Rosario.

 

El dirigente de los Contadores Públicos puso a disposición del Candidato Presidencial un proyecto normativo para que sea puesto en práctica en caso de ganar las elecciones del 20 de mayo del 2012, a fin de conjurar esa situación, porque a su entender los recursos que reciben los ayuntamientos del presupuesto nacional deben ser objeto de una aplicación más eficiente.