PUERTO PLATA.- Se conocía en el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de esta jurisdicción el juicio de fondo en contra de ex director de la junta distrital de Cabarete; Gabriel Antonio Mora Ramírez (Canoa) quien está acusado de negarse a entregar información del manejo contable y financiero de ese cabildo y cheques a favor de familiares y allegados.
Esta audiencia fue enrolada para efectuarse ayer debido a el pasado 6 de junio el juzgado de Instrucción de Puerto Plata presidido por el doctor Nicolás Severino Saldívar envió a juicio de fondo y la admisión de todos los elementos de pruebas contenidos en la acusación contra Mora Ramírez, que fue incoada por la Asociación para el Desarrollo de Cabarete (ADECA), representada por el licenciado Víctor Mena Graveley.
Según el rol de audiencia, el imputado Gabriel Antonio Mora Ramírez (Canoa) es acusado de violar los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 172 y 266 del Código Procesal Penal y en este juicio de fondo es defendido por los licenciados Arnaldo Martínez y Danilo Reyes, mientras que el tribunal de alzada estuvo integrado por las juezas Rosa Francia Liriano, Irina Ventura Castillo y Venecia Rojas.
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El proceso seguido a Mora Ramírez se sustenta en la querella que fue depositada en enero del año pasado por la ADECA para que la Junta Distrital de Cabarete le entregara informaciones relacionadas con el manejo contable y financiero y sobre diversos contratos de la administración municipal, reclamo que Mora Ramírez no atendió en franca violación a la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (200-04).
Es por eso que el Juzgado de Instrucción de Puerto Plata en fecha 6 de abril del 2011, ordenó a Canoa “rendir toda la información pública requerida” y le concedió un plazo improrrogable de cinco días para hacerlo a la misma vez que también le impuso un constreñimiento (astreinte) de 2 mil pesos por cada día sin cumplir la orden del tribunal, pero Mora Ramírez no obedeció la orden judicial y en mayo del año pasado la ADECA presentó una querella penal en su contra por la negativa a cumplir con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, asimismo la fiscalía de Puerto Plata no tomó ninguna acción, por lo que la entidad decidió emprender acciones como actor civil.
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La intervención de Adeca ante el juzgado de instrucción de Puerto Plata motivó la celebración de la audiencia preliminar para conocer la petición de enviar a Canoa a juicio por violar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y la decisión del referido tribunal dispone que Gabriel Antonio Mora Ramírez (Canoa) sea juzgado por presunta violación de los artículos 9, 10 y 30 de la Ley 200-04.
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El artículo 30 de la Ley de Libre Acceso a la información Pública establece que el “funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria denegare, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años.”
