PUERTO PLATA.- El Poder Ejecutivo acogió hoy martes la recomendación de sancionar, cancelar y puesta en retiro forzoso de 68 miembros de la Policía Nacional por distintas faltas en el ejercicio de sus funciones, al igual que las sanciones disciplinarias recomendadas contra tres generales por el allanamiento en el residencial La Mulata III del municipio turístico de Sosúa.
 
Según un informe enviado a la redacción de www.puertoplatadigital.com se establece que entre las faltas cometidas por los agentes castigados, entre los cuales hay cuatro coroneles, están hechos delictivos, indisciplina y negligencia en el servicio.  
 
Sobre las sanciones dispuesta  contra los generales, se  explicó que las misma fueron impuestas contra los oficiales Pablo Roberto Almonte Morales, quien al momento de producirse el incidente bochornos en Sosúa era el director regional Norte de la Policía Nacional en Puerto Plata quien fue sancionado con 10 días de arresto los cuales al no tener en la actualidad ningún tipo de funciones está cumpliendo su sanción en el Palacio de la Policía en Santo Domingo.
 
Igual castigo será aplicado a los generales Máximo Báez Aybar quien cumple sus 10 días de arresto en Barahona porque fue aplicado sin perjuicio de sus funciones y a Neil Aldrin Bautista Almonte, solo se le impuso una amonestación verbal ya que de acuerdo a las investigaciones, estos tres generales mencionados mostraron falta de tacto, mando y control en sus funciones durante el allanamiento realizado el 17 de octubre del pasado año en el residencial La Mulata III de Sosúa donde agentes policiales saquearon unas 12 viviendas propiedad de ciudadanos alemanes.
 
En el grupo de los cancelados y puesto en retiro forzoso  se encuentran los coroneles Raymundo de la Rosa Ogando, y Roberto Salcedo Santos, quienes cumplen un año de prisión preventiva por el caso de La Mulata III.
 
Asimismo, entre los cancelados figura un capitán, cuatro primeros y segundos tenientes, cinco sargentos mayores y sargentos normales, 2 cabos y 5 rasos, los cuales fueron cancelados de forma deshonrosas por cometer faltas graves e irrespetar las leyes en el ejercicio de sus funciones.