Santo Domingo. – Participación Ciudadana consideró que el Código Penal debe entrar en vigencia en agosto, sin nuevas prórrogas, al concluir el plazo establecido para su entrada en vigor o vacatio legis.
En un comunicado difundido este martes, la entidad reconoce las debilidades con las que fue aprobado el referido Código, pero espera conocer el anteproyecto que trabaja la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para corregir esos errores y que este sea sometido al Congreso Nacional para su discusión.
A continuación, el texto íntegro del comunicado de la entidad:
“Participación Ciudadana está consciente de las debilidades con las que fue aprobado el Código Penal, que entra en vigencia en agosto de este año, pero entiende que no es un buen precedente extender el plazo para su entrada en vigor o vacatio legis, por lo que el mismo debería entrar en vigencia cuando concluya dicho período.
La solución a las debilidades del Código Penal deberá producirse en cualquier momento y, mientras más temprano, mejor, incluso antes de su entrada en vigor, ya sea por obra del propio Congreso Nacional, que debería corregir sus errores con prontitud, o mediante decisiones del Tribunal Constitucional, que ya está apoderado de algunas de estas correcciones, como, por ejemplo, la inclusión de las tres causales como eximentes de responsabilidad penal en la interrupción del embarazo para proteger la salud y dignidad de las mujeres.
Lo mismo ocurre con la difamación e injuria, así como con el ultraje, figuras que deben ser despenalizadas para seguir la tendencia mundial, protegiendo de esa manera la libertad de expresión, la difusión del pensamiento y el ejercicio del periodismo.
El Código Penal incorpora alrededor de 70 nuevos tipos penales en áreas tan sensibles como la violencia de género e intrafamiliar, incluyendo el feminicidio; los cibercrímenes y delitos tecnológicos; los delitos financieros y de corrupción; además de crímenes graves como los de lesa humanidad, genocidio, sicariato, autosecuestro y obstrucción de la justicia, entre otros.
En materia de corrupción, se sanciona la corrupción pública y se establece que la concurrencia de varias conductas que configuren distintos tipos penales implicaría la imposición de todas las penas correspondientes a cada una de las infracciones. Igualmente, se sancionan el tráfico de influencia, los conflictos de intereses, la alteración de precios, el acuerdo ilícito entre comerciantes, la obtención de beneficios mediante la concesión dolosa de ventajas a terceros, la sobrevaluación ilegal, la distracción de recursos cometida por terceros con la participación de funcionarios públicos, el pago irregular por contratos administrativos, y se dispone que las infracciones contra el patrimonio público prescriben en un plazo de 20 años.
La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo ha estado trabajando en un anteproyecto de ley para corregir las deficiencias del nuevo Código Penal, por lo que esperamos conocer su contenido y que sea sometido sin dilación al Congreso Nacional, que debería ser el más interesado en corregir sus propios errores”.
