Santo Domingo.- El Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A, denominada por la población como SeNaSa 2.0-A, con el propósito de procesar a un entramado integrado por exempleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y otras personas que, según las investigaciones, se dedicaban a estafar al Estado mediante operaciones fraudulentas contra la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) pública, por miles de millones de pesos.
Los equipos de fiscales practicaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, explicó el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, al reafirmar la postura de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, de enfrentar la corrupción y la criminalidad organizada.
Camacho informó que al menos 28 personas fueron arrestadas como parte del caso, que inició en su primera etapa con la Operación Cobra, mediante la cual se buscó desmantelar una estructura de corrupción administrativa que se habría aprovechado del SeNaSa para sustraer fondos públicos en perjuicio de sus afiliados.
Explicó que en la operación trabajan equipos de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la dirección de la procuradora de corte Mirna Ortiz, así como de otras unidades del Ministerio Público.
En la operación participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. En la investigación también participó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.
Las unidades del Ministerio Público ocuparon bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego como parte de la operación, que tiene entre sus objetivos procesar a médicos que, de acuerdo con la acusación, habrían participado en maniobras fraudulentas que afectaron los servicios de salud destinados a sectores vulnerables y a profesionales que ejercen conforme a la ética y las leyes vigentes.
Entre las personas cuyos inmuebles fueron allanados figuran Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Juan Henry Poueriet, Einstein Rafael Borromé Vásquez, Wellington Arístides Ledesma Cáceres, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Steven Alexander Rabassa Fernández, Marcelino Eusebio Figuereo, Eulalia Fiordaliza Castro López, Ysabel Heredia Vallejo, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Luis Manuel Tejada Moreno.
También fueron intervenidos inmuebles vinculados a Rafael Mauricio Cabral González, María Isabel Batista Germán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Rafael Messon Manzueta, Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García y miembros de la familia Guzmán Vásquez.
Entre enero de 2021 y septiembre de 2024, la red habría utilizado diversos números telefónicos para gestionar falsas aprobaciones de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios a través del centro de llamadas de la entidad, los cuales no eran reconocidos por los afiliados. Estas maniobras habrían generado un perjuicio preliminar estimado en RD$40 millones.
Para sustentar la orden judicial, la Fiscalía presentó 37 elementos probatorios, que incluyen auditorías médicas, interceptaciones telefónicas y certificaciones bancarias.
La orden judicial abarcó inmuebles en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, y autorizó la incautación de teléfonos, equipos informáticos, documentos contables, armas, dinero en efectivo y bienes vinculados al lavado de activos.
Despliegue operativo
El procurador adjunto Wilson Camacho informó que en la Operación Cobra 2.0-A participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional, 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales y personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Camacho indicó que estas acciones constituyen una segunda fase destinada a desarticular la estructura que, según el Ministerio Público, extraía recursos de la ARS estatal.
Esta nueva etapa se suma a los procesos iniciados previamente. En la primera fase del caso SeNaSa fue arrestado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de la entidad, a quien el Séptimo Juzgado de la Instrucción ratificó 18 meses de prisión preventiva, medida que también pesa sobre otros imputados, como Gustavo Enrique Messina Cruz y Francisco Iván Minaya Pérez.
Otros procesados son Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Otros procesados, entre ellos Ada Ledesma Ubiera, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, cumplen arresto domiciliario y otras medidas cautelares.
De forma paralela, el Ministerio Público ejecutó en junio pasado la Operación Onco14, enfocada en supuestas maniobras fraudulentas mediante el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao, donde se investigan irregularidades clínicas, doble facturación y distracción de fondos a través de fundaciones.
El proceso penal
En la primera etapa, el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y señalado por el órgano acusador como cabecilla del entramado de corrupción.
También fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó nuevamente la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Hazim Albainy y a los demás procesados.
Asimismo, Ada Ledesma Ubiera cumple la misma medida en arresto domiciliario, luego de que se le variara la medida de coerción por asuntos de salud el pasado 16 de julio.
El proceso judicial también se sigue contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes el pasado mes de diciembre también les fueron impuestas medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Por el caso también es procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le ratificó la prisión preventiva de 18 meses que le fue impuesta en mayo.
El entramado investigado fue desmantelado con la Operación Cobra. Posteriormente, el Ministerio Público inició la judicialización del caso en busca de sanciones penales y el decomiso del dinero que, según la acusación, habría sido sustraído del patrimonio público.
Con sus actuaciones, los procesados habrían afectado a los afiliados al SeNaSa al defraudar a esa Administradora de Riesgos de Salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.
Al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
